Tras naufragar el pasado viernes la negociación en el Ministerio de Trabajo nacional entre los empresarios de transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), este lunes la cartera volverá a ser escenario de una audiencia salarial clave, con el peso de la amenaza concreta de un paro de 72 horas desde este martes de choferes de colectivos del interior del país si no arriban a un acuerdo, en pos de una suba similar a la de sus pares del AMBA.

El escenario, en medio de una conciliación obligatoria -ya extendida- que expira este lunes, anota un condimento de presión adicional, a partir del Censo Nacional 2022 que se desarrollará el miércoles en todo el país, en el marco de un feriado. Una huelga de los colectivos del interior complicaría con fuerza el traslado de los censistas, y en los gobiernos provinciales se encendieron las luces de alerta.

“Nadie lo hizo con la intención de afectar el Censo; se dio por la conciliación y los días de vencimiento”, aseguró en las últimas horas el secretario de Interior de UTA, Jorge Kiener, a Mi Radio FM 92.7 y Radios Tucumán FM 88.1.

Desde la vereda de las provincias siguen con lupa el conflicto. “Si se decreta el paro seguramente cada jurisdicción buscará alguna alguna alternativa”, aseguró un funcionario provincial de Transporte este domingo a ámbito. Pero previamente ya en distintos distritos plantearon a la Federación Argentina de Transpotadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) que tengan en cuenta ese escenario.

“En principio un paro de colectivo siempre es complicado para los trabajadores esenciales, y un censista es un trabajador esencial”, dijo por su parte el director de Estadística de Tucumán, Raúl García. Pero se mostró “convencido” de que habrá un entendimiento para que “el miércoles pueda desarrollarse el Censo”.

En la cita de este lunes a las 15 en la cartera laboral nuevamente no participará el Comité Federal de Transporte (COFETRA). En despachos provinciales argumentaron ante este diario que “la patronal de UTA son los empresarios”, que “la discusión salarial tiene que darse entre la patronal y los trabajadores, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de Nación” y que la relación de las provincias y la Nación con los empresarios es “administrativa”, donde “ellos son concesionarios de un servicio público”.

La discusión está atada a otro reclamo que escaló con fuerza en las últimas semanas, en este caso fogoneado por gobernadores e intendentes y con la Casa Rosada como destinataria, en pos de un reparto equitativo de subsidios nacionales al transporte. Hoy el 85% de esa tajada -denuncian- va al AMBA, y esa menor recepción de recursos complica el anuncio de mejoras salariales a los choferes de las provincias.

“Los aumentos de sueldo se financian o con subas del boleto o con más subsidios”, advierten desde despachos provinciales, además de remarcar que los usuarios del interior no tienen más margen para recibir nuevas subas del boleto, con los 18 pesos que, como piso, se abona en CABA.

Desde la vereda gremial, los choferes se apoyan en ese desbalance, al reclamar un incremento salarial similar al que recibieron sus pares del AMBA, del 50% escalonado hasta agosto.

Fuente: ámbito