- 31 de diciembre de 2018
El Colegio Médico consideró que las autoridades han incurrido en una "implementación débil" de la ley, que solo permite el tratamiento en caso de inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo originado en una violación.
Un total de 535 abortos se realizaron en el sistema público
de Salud de Chile en el primer año de vigencia de la ley que despenalizó la
interrupción del embarazo en tres causales, según cifras oficiales publicadas
este domingo por el diario La Tercera.
Dicha ley, que despenalizó el aborto en los casos de
inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo originado en una
violación, entró en vigor en septiembre del 2017, durante el Gobierno de
Michelle Bachelet y el periódico obtuvo los datos tras invocar la ley de
transparencia ante las autoridades del sector.
De la cifra total, 277 abortos fueron por la causal de
riesgo de vida de la madre, 165 por inviabilidad del feto y 93 por violación.
Esta última cifra equivale a "menos del 5 por ciento de
lo proyectado", según dijo al periódico la doctora Paz Robledo, asesora
del Ministerio de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet.
El detalle de los abortos señala que del total, 45
correspondieron a mujeres menores de 18 años, y de ellos, 32 se originaron en
casos acreditados de violación, de los cuales la mitad afectaron a niñas de 14
años o menos.
El Colegio Médico, en tanto, consideró que las autoridades
han incurrido en una "implementación débil" de la ley, porque la
cifra total "es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud, que
estimó unas 2.500 interrupciones de embarazo al año", antes de su entrada
en vigor.
Según Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género
del Colegio Médico, ello se debe a que las autoridades han puesto el foco del
problema "en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la
objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a
decidir".
"Es necesario que el Estado adquiera un mayor
compromiso para que ninguna mujer quede fuera", subrayo Crispi.
Junto con la ley, se aprobó la objeción de conciencia para
permitir que médicos y otros profesionales que no aprueban el aborto no
participaran en los procedimientos, garantía que se extendió también a
instituciones completas.
Según los datos proporcionados por los hospitales públicos,
en el primer año de vigencia de la ley se presentaron en total 702 casos de
embarazos que cumplían con los requisitos de la ley de aborto, pero 167 de esas
mujeres decidieron continuar la gestación en los programas de acompañamiento
que están también establecidos en la normativa.
Con información de EFE – Infobae
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