- 27 de junio de 2019

El concejal capitalino Matías Domínguez, del Bloque F. J., objetó en la sesión de hoy que se apruebe una ordenanza –la 7310-, que avala el aumento del cuadro tarifario para la revisión técnica obligatoria (RTO).El costo pasara de 900 a 1300 pesos.
“Este es un incremento que va de la mano de la inflación que
no puede ser controlada por este gobierno, pero vemos en este caso en
particular que el aumento se aplica a todos los usuarios que lleven sus
vehículos a realizar la RTO, pero, al mismo tiempo, observamos que la comuna
capitalina no toma participación ni siquiera en futuros controles por esa tasa
que van a pagar los ciudadanos”, apuntó.
Si bien el instrumento legal hace mención a que la última
actualización de precios se efectuó en mayo del año pasado, Domínguez dejó en
claro que esta situación deviene de la crisis económica generada por un
gobierno que aplica políticas que impactan en el consumo y en las tarifas de
los servicios públicos. “Es sabido que muchas empresas han tenido aumentos
siderales en sus costos y cargan con una pesada carga tributaria, provocando
que sus bienes y servicios se incrementen considerablemente”, apuntó.
En esa misma línea dijo que el pedido es razonable
atendiendo todas las variables económicas que se muestran en rojo, pero
consideró “en estas cuestiones es necesario que el Estado municipal garantice
una contraprestación por la tasa que se le cobra al usuario, es decir que ejerza
su poder de control para asegurar que los vehículos del parque automotor
capitalino se encuentran en condiciones de circular por nuestras calles”.
Otro tema que advirtió fue la privatización que hará el
municipio de su sistema de recaudación del impuesto del agua potable, a partir
de un acuerdo suscripto entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Agua
Potable y Saneamiento de Jujuy. A través del mismo se estipula que el organismo
provincial se convertirá en el agente de retención de los importes resultantes
por la aplicación de los gravámenes municipales en la boleta del servicio, que
llega a los domicilios residenciales conjuntamente con la de energía eléctrica.
“Esto es una privatización de la recaudación del dinero que
le corresponde a la comuna, porque el organismo del agua se quedará con un
porcentaje por la tarea de retención de esos recursos. Esta medida muestra a
las claras la inoperancia de la actual gestión municipal para administrar los bienes
del municipio”, enfatizó.
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