La iniciativa se fundamenta en el nuevo escenario jurídico nacional derivado del DNU 70/23; que, firmado por el presidente de la República, derogó la Ley Nacional Nº 20.705 que regulaba la constitución y el funcionamiento de las Sociedades del Estado. En este contexto, se prevé que dichas sociedades puedan transformarse en Sociedades Anónimas, manteniendo la mayoría accionaria en manos del Estado Provincial, con la posibilidad de incorporar capital privado hasta un máximo del 49%. Este límite garantiza el control estratégico estatal y habilita nuevas fuentes de financiamiento e inversión que permitan mejorar la gestión, expandir actividades y generar empleo.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Adriano Morone, señaló “nuestra provincia tiene varias empresas y es necesario adecuarlas a esta nueva normativa nacional (...). Regula lo que tiene que ver con la conversión, que se mantenga la denominación, la razón social y algunas reglas de cómo operar en adelante”. Asimismo, explicó “siguen siendo empresas propiedad del Estado, más allá de la figura de las Sociedades Anónimas, que prevén también la posibilidad de incorporar al sector privado, manteniendo siempre la participación estatal mayoritaria. Tiene que ver con adecuarlas a la normativa nacional”.

Por otra parte, el proyecto contempla la posibilidad de una privatización total —exceptuando a la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) — únicamente cuando existan circunstancias económicas, financieras o estratégicas debidamente acreditadas que justifiquen su desinversión total. Esta podrá realizarse conforme a los siguientes requisitos: dictamen previo y favorable de la Fiscalía de Estado; dictamen técnico-económico de un órgano independiente u organismo especializado; y comunicación a la Legislatura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión del decreto, junto con un informe completo sobre los aspectos económicos, patrimoniales, financieros y operativos, con las sugerencias y observaciones que correspondan. Además, se establece que la Legislatura podrá, dentro de un plazo de treinta días, expresar su rechazo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Del mismo modo, la Comisión firmó despacho favorable al proyecto de ley que modifica los requisitos y razones para la imposición de nombres a los establecimientos educativos. Morone explicó “se fijan algunos criterios, por ejemplo, que deban ser nombres de educadores de reconocida trayectoria, próceres, y otros criterios similares”.