La legisladora asevero que tras el proceso de evaluación quedó demostrado que desde el Ministerio Publico Fiscal no se reprimió las conductas delictuales.



Tras la desestimación de los juicios políticos en contra del fiscal general Alejandro Ficoseco y contra miembros del Tribunal de cuentas, Nora Milone Junco, René Barrionuevo y Mariana Bernal, desde el bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy denunciaron que la falta de acompañamiento de legisladores de la oposición, en la continuidad de dichos juicios políticos, avalan la inacción judicial del fiscal general respecto a combatir los ilícitos cometidos por Milagro Sala y la falta de control del Tribunal de Cuentas,  en el periodo 2013 y 2015, sobre los recursos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales.

“La oposición optó por la impunidad” afirmo la diputada Gabriela Albornoz, quien agrego que la oposición al no aportar número para la prosecución de los enjuiciamientos, “protegió el mal desempeño de funcionarios que tienen como mandato defender la causa publica, administrar justicia”

La legisladora asevero que tras el proceso de evaluación realizado por la Comisión Investigadora quedó demostrado que desde el Ministerio Publico Fiscal no se reprimió las conductas delictuales, sino que muy por el contrario se ocultó las 61 causas que pesaban sobre la jefa ideológica del caos y la violencia en Jujuy. En referencia a la actuación del Tribunal de cuentas, Albornoz afirmó que “esquivaron la responsabilidad de controlar, la monumental defraudación de aproximadamente de Un mil trescientos millones de pesos destinados a obras de viviendas, lo que configuró, dijo, un verdadero saqueo de fondos públicos, ya que finalmente esas viviendas sociales jamás se construyeron, pero si se cobraron, en total 1800, mientras que unas 300 unidades habitacionales quedaron a medio construir.

Finalmente, la diputada Gabriela Albornoz lamentó que esta negativa de la oposición no haya podido concluir en un salvoconducto eficaz de saneamiento institucional a fin de merituar la responsabilidad política de los funcionarios en cuestión y que ante la opinión publica quede flotando una sensación de impunidad.

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