Amague de nueva ley en el Senado y verdadera negociación en Diputados para incluir a la Corte. Pelea de abogados UCR-PRO de cara a noviembre. Activos Gil Lavedra y De Stéfano. Intento para desplazar a Bruglia.

El Consejo de la Magistratura, tal como lo conocemos desde hace 16 años, está llegando a su fin. En exactos 25 días quedará anulado para tomar decisión alguna, a menos que se sancione una nueva ley que reemplace la declarada inconstitucional por la Corte Suprema, o bien que se le agreguen las 7 plazas vacantes –incluida la del presidente del máximo Tribunal- para adaptarse al formato de 20 miembros de la ley anterior, que data de 1998. Sobre esto último, hay una certeza: no están dadas las condiciones para que el 15 de abril se alcance este número, por lo que el riesgo de parate es absoluto. Muestra de ello fue la última reunión de plenario donde se llegó a arriesgar que en este lapso que separa del due date fijado por la Corte no se debería votar ninguna terna más para elevación. Un “shutdown” anticipado.

El jueves, el bloque oficialista sabía que se embarcaba sin el número para intentar aprobar la terna para la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py. La oposición no solo lo bloqueó, sino que demostró cuánto iba a jugar al filo, al punto de rechazar el propio dictamen de comisión que contenía la terna que habían propuesto el abogado larretista Diego Marías y el juez de Compromiso Judicial Juan Manuel Culotta, dos integrantes del bloque opositor. Ese dictamen incluía como candidato al actual camarista trasladado Pablo Bertuzzi y sumando los firmantes a los 7 votos que había juntado el oficialismo, hubiesen alcanzado los 9. La explicación radica en la orden de un solo hombre: Mauricio Macri.

El expresidente está jugando un pleno con un ojo puesto en la próxima elección de abogados pero también en una eventual nueva ley que incluya una poltrona para la Corte, de cara a las elecciones que renuevan todas las autoridades del Consejo, en noviembre. Mientras tanto, la desorientación en el oficialismo –en el marco de la interna desatada entre Cristina de Kirchner y Alberto Fernández- es absoluta. El mismo jueves vencía el plazo para el cierre de la lista de candidatas a abogadas para sumarse a la elección del 5 de abril para cubrir las dos plazas de ese estamento, en la integración de 20. Casi queda, proclamada en soledad, Jimena de la Torre, la exsubdirectora de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, que trajinaba tribunales en reuniones con jueces federales para apuntalar las causas que usaban al fisco como ariete durante el Gobierno de Macri. El líder del PRO mostró su señorío imponiendo su nombre por sobre el de cualquier otra candidatura con mejor perfil.

Eso no explica por qué el día de vencimiento del plazo, el oficialismo no tenía candidata, lo que hubiese dejado a De la Torre ganadora sin competir. Torpeza. Sobre el filo, el consejero por los académicos Diego Molea postuló –en acuerdo con un sector del radicalismo cordobés- a la decana de la universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. Se sulfuró el sector de La Cámpora que representa el senador y consejero Mariano Recalde que se arrimó recién sobre el final, reclamando lugares. Logró colar suplencias. La candidata cuenta con buenos pergaminos: además de su rol académico, fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de Lomas y conjueza de la Suprema Corte bonaerense. No es un problema de postulantes, sino del acuerdo con un sector de la UCR. Más internas.

Sin embargo, la competencia –cuyo resultado es incierto de cara al 15-A- es para medir fuerzas rumbo a noviembre. Por eso es que muchos radicales sostuvieron por lo bajo que no militarán entre los abogados la boleta que contenga a De la Torre. Si saca pocos votos, es la excusa ideal para que no se vuelva a postular en noviembre y sea reemplazada. Sin embargo, el macrismo viene trabajando fuerte en los Colegios de abogados del interior del país precisamente para este momento. La ayuda en la gira proselitista el exsubsecretario de Política Criminal de Germán Garavano, y asesor del Consejo Martín Casares, a quien un sector del kirchnerismo le atribuyó falsamente ser el hermano de uno de los principales secretarios letrados de Carlos Rosenkrantz.

Sin tensar, por ahora, la UCR tiene en gateras al expresidente del Consejo Miguel Piedecasas, en la mira de la sucesión. La guerra silenciosa es, en definitiva, entre la UCR y el PRO que siempre usó la estructura de los primeros para encaramar a sus candidatos. Podría pasar que prime un sector radical que tiene vocación de poder. Por eso es tan relevante lo que ocurra en otras elecciones. Las del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el 26, 27 y 28 de abril, donde el armador de un frente opositor a Jorge Rizzo no es otro que Ricardo Gil Lavedra, el exasesor externo de AFIP, excoordinador del programa Justicia 2020 pero siempre abogado en casos donde se juegan altísimos honorarios. EL CPACF es el trampolín para el Consejo. Eso lo sabe el ratificado director de SBASE y exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, a quien los procesamientos por todo tipo de espionaje ilegal no le han impedido moverse activamente para el “rosqueo” de listas. Solo ha debido volar más por debajo del radar. ¿Qué diría Elisa Carrió de esta extraña sociedad? Gil Lavedra la llamó “Ralph, el demoledor”, años atrás.

Nadie le preguntó a Horacio Rodríguez Larreta qué preferiría él. Seguramente también mirará la elección para calcular las chances que puede tener en noviembre Genoveva Ferrero, actual secretaria de Administración del Poder Judicial de CABA, que ingresa como firme aspirante, aunque todavía no se sepa qué será del Consejo para cuando haya que renovar autoridades.

La activación en el Congreso de la discusión por el proyecto gubernamental para el Consejo de la Magistratura prevista para esta semana debe ser tomada con pinzas. No solo deberían definir las autoridades para las comisiones, discutir un dictamen, llevarlo al recinto y aprobarlo. La iniciativa va en contrario con la estrategia legislativa que otro sector del oficialismo había preparado para Diputados, con el objetivo de que la ley tenga un haz de luz en sus posibilidades. En el PJ lo consideran un test para verificar si Cristina –tras la tensión por el FMI- cuenta con los votos suficientes para aprobarlo y remitirlo a Diputados. En esa Cámara, la discusión es otra: qué cambiar del proyecto oficial para atraer a la oposición. La moneda de cambio es la silla para la Corte. Mario Negri, Ernesto Sanz y Macri lo reclaman. Rodríguez Larreta quiere cualquier cosa que le permita un fallo favorable por la coparticipación. Que integre pero no presida puede ser la llave para destrabar la negociación. En la hoja de ruta, ese cambio que descuentan en sectores del peronismo, debería ir de regreso al Senado.

Volviendo a la realidad del Consejo podría quedar un nuevo plenario por delante donde la discusión pasará por la responsabilidad institucional que asumen los consejeros por un cierre anticipado y sobre todo sin perspectivas de solución. Quien se convierte de nuevo en un gran decisor es el gobernador de Jujuy Gerardo Morales a través de las señales que envía su consejera Silvia Giacoppo. En los pasillos se menciona la posibilidad de que atento a que se cumplió con todos los pasos administrativos del concurso para la Cámara de Comodoro Py y que el bloqueo es absoluto, se debiera extender un pedido para que la Cámara de Casación tome una resolución respecto a la permanencia de Leopoldo Bruglia y lo reemplace ya que es habría cumplimentado la garantía de que pueda concursar y el proceso –en lo que hace a la selección- está culminado. De otra forma, la encerrona es total, lo que extiende la sobrevida de los camaristas trasladados. Nuevamente, un problema político.

Mientras tanto, todo se asoma a un limbo jamás transitado. Ni siquiera para toquetear los reglamentos. Cuando el actual Consejo se convierta en calabaza, dejaría –en teoría- de existir la Comisión de Reglamentación que preside Graciela Camaño, que no estaba contemplada en el formato de 20. La elección del representante académico está prevista para el 18 de abril. Algunos ya están pensando en un decreto de emergencia para que, al menos, se garantice el pago de sueldos del Poder Judicial.

Fuente: ámbito