“El que pretende la empresa prestataria del servicio en el norte argentino es un aumento desmedido y llegado el caso plantearemos una acción judicial para frenarlo”, adelantó.

En su planteo, el ombudsman jujeño se opuso a la suba solicitada por Gasnor por tratarse de un incremento irracional, porque es, en este caso, superior a la inflación prevista, y reconoció que en el período 2018, cuando se revisó el cuadro tarifario, el aumento también fue desmedido teniendo en cuenta el proceso inflacionario reconocido por el Indec.

Javier de Bedia hizo el planteo basándose en la escalada de aumentos registrados en el servicio y las dificultades de miles de usuarios de hacer frente a sus facturas de gas. “Me opuse nuevamente, como sucedió el año pasado, porque no es posible que se le siga haciendo cargo a los usuarios del pago de los impuestos y de las eventuales pérdidas que pudieran sufrir las empresas”, remarcó.

“Las empresas no están asumiendo los riesgos que cualquier empresa debería afrontar por los cambios en algunas variables económicas y financieras propias de su actividad. En este caso, estamos viendo que se están produciendo ganancias solamente para los prestadores del servicio y los perjuicios son enormes para los usuarios”, aseveró.

“Siendo este un servicio público, las empresas de este rubro no pueden empujar a Jujuy a la pobreza energética”, refirió, a la vez de explicar que como Defensor del Pueblo hizo reserva de derecho para actuar judicialmente si se llega a producir el aumento solicitado por Gasnor.