El Bloque Justicialista de la Legislatura de Jujuy mantuvo una posición crítica respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobernador Gerardo Morales para expropiar el Cerro de los Siete Colores y el Paseo de Los Colorados.

Lo hizo durante la tercera sesión extraordinaria que solicitó el titular del Ejecutivo provincial para tratar dicho tema y para establecer un seguro de salud para los extranjeros.

En ambos casos, los proyectos del gobierno contaron con el acompañamiento del interbloque Cambia  Jujuy, que una vez más impuso el número para sacar a flote las normas, aunque la iniciativa para la ratificación del DNU de expropiación no llegó a los dos tercios del cuerpo, es decir 32 voluntades.

Desde el Justicialismo se hicieron varias observaciones sobre la poca claridad de la maniobra del gobierno para llegar a la expropiación. Alberto Matuk fue uno de los diputados que puso sus reparos y fundamento el posicionamiento de su bancada. “Este decreto es de su incumbencia –por el mandatario- y no necesitaba pasar por la Legislatura para su ratificación”, expresó.

“Es una decisión que tomó el gobernador en un contexto político, pero esta cuestión no requería la intervención de la Legislatura. “Esto ser enmarca en un juego político donde cada decisión de Morales es enviada a la Cámara para que sus miembros refrenden su accionar. Con esto busca legitimar las cosas que hace y algunas cosas que hace no están ajustadas a derecho, como es este caso”, agregó.

“Este tema ya había sido discutido en Purmamarca, donde los vecinos se expidieron e incluso la comisión municipal de esa localidad cuenta con un instrumento legal –una ordenanza- donde se resguarda este patrimonio de los jujeños. Está bien que el Ejecutivo refuerce estos resolutorios que le dan seguridad de propiedad a la provincia, pero esta no es la manera”, deslizó.

“Además hubo desprolijidades porque existe un juicio sucesorio que no ha sido resuelto por la Justicia y lo que se hizo en la Legislatura con la fuerza de votos de Cambia Jujuy es inmiscuir a un poder en las resoluciones que debe adoptar otro poder, en este caso la Justicia. Además, en el DNU se puso el nombre de los supuestos propietarios. Esta fue otras de las desprolijidades”, remarcó.

“Esto puede traer consecuencias y eso es lo que nos preocupa al PJ. El precedente es peligroso, porque a partir de ahora se abre una incógnita en relación a lo que pudiera pasar en el norte jujeño con otros sitios históricos y paisajísticos”, enfatizó.

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