- 27 de septiembre de 2019

“Está garantizado en Jujuy el estado de derecho y se respetan las garantías constitucionales”, afirmó el Fiscal de Estado.
“Son manifestaciones temerarias, con un alto contenido
político, por cuanto ante la tramitación de pedidos de juicios políticos en
Jujuy, está trabajando uno de los poderes del Estado, el Legislativo, así como
también está ocupándose el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo es respetuoso
de la actuación que lleven adelante cada uno de dichos poderes”.
Así respondió el fiscal de Estado, Mariano Miranda, la
propuesta de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy, realizada por
miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales, rechazando de plano que en Jujuy exista una crisis institucional.
“Está garantizado en Jujuy el estado de derecho y se respetan las garantías
constitucionales”, afirmó el Fiscal de Estado.
Señaló Miranda que las expresiones de esta asociación de
procuradores y fiscales constituyen “una intromisión en los asuntos internos de
la Provincia, vulnerando la autonomía Provincial de Jujuy”.
“Al manifestar que la creación del Ministerio Público de la
Acusación es inconstitucional, dicha afirmación podría traslucir no sólo una
defensa corporativa hacia el Fiscal General cuestionado, sino una defensa
encubierta a Milagro Sala, quien durante una década privó a los jujeños de paz
y de libertades civiles, sin mencionar los actos de violencia y corrupción por
los cuales ha sido condenada, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria
ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“De esta manera, pretenden que existan funcionarios que no
deban rendir cuentas de sus actos ante las autoridades Constitucionales”, acotó
Miranda.
“A principios de 2016, denunciamos hechos graves de
corrupción, dijimos que existió una inacción judicial y una falta de control de
aquellos organismos nacionales que debieron auditar el verdadero destino que
tenían los fondos que recibían las cooperativas vinculadas a Milagro Sala. Hoy,
a pedido de la propia ciudadanía, el Poder Legislativo investiga la
responsabilidad política que pudieron tener funcionarios provinciales”, dijo.
Ante esas investigaciones –facultad exclusiva y excluyente
del Poder Legislativo- “esta corporación de procuradores y fiscales de
ministerios, atacan la Reforma Judicial que nos ha garantizado recuperar la
confianza en las instituciones y la paz social”, agregó el Fiscal. “Debido a la
inacción de un estado ausente, se encontraban seriamente comprometidos los cimientos
básicos de un estado constitucional de derecho por existir un mecanismo de toma
de decisiones paralelo, que resultaba contrario a los principios básicos de la
democracia (estado paralelo)”.
“Reafirmamos la Reforma Judicial: modificación de la composición
del Superior Tribunal de Justicia y su organización en Salas; los jueces son
elegidos por concurso de oposición y antecedentes; creación de la Cámara de
Casación; creación de los Ministerios Públicos de la Acusación, de la Defensa
Penal y de la Defensa Civil; creación e implementación de juzgados de Violencia
de Género, Ambiental, Penal y Económico; la implementación de un nuevo Código
Contravencional que establece reglas claras de convivencia democrática;
creación de la Oficina Anticorrupción”.
“Hubiese sido bueno y oportuno que quienes hoy se inmiscuyen
en la vida interna de Jujuy, hubiesen levantado su voz cuando reinaba la
violencia, la amenaza, la coacción, el apriete, el robo de dineros estatales
ante la ausencia de actuación por parte de los funcionarios que debían hacer
cumplir la Constitución y las Leyes”.
Finalmente, Miranda ratificó que el Estado de Derecho se
encuentra plenamente garantizado en la Provincia de Jujuy, y los Poderes se
encuentran avocados a cumplir con sus cometidos constitucionales, cada uno
dentro del rol que la Constitución le asigna. “Esto es posible porque cada
jujeño es garante de la paz”.
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