- 10 de marzo de 2022
Alberto Fernández estuvo pendiente de las negociaciones que llevó adelante el titular de la Cámara de Diputados para lograr que este jueves se pueda tratar la Ley que aprueba el acuerdo. El FMI, sin embargo, no exige este requisito parlamentario.
La atención presidencial estuvo todo el día puesta por en
las negociaciones que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa para lograr que finalmente este jueves se ratifique el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional en el recinto.
Promediando la tarde de este miércoles y tras arduas
negociaciones llevadas adelante por Massa, y los presidentes de los bloques
opositores se arribó a un acuerdo para modificar el articulado enviado por el
Poder Ejecutivo, lo que posibilitó la obtención de un dictamen único y su
tratamiento este jueves en el recinto.
Tras el pedido de la oposición para acompañar, el despacho
de comisión fue modificado con un solo artículo y se eliminó el segundo que
planteaba la aceptación de la Carta de Intención y el Memorándum de
Entendimiento. Massa se retiró pasadas las 21 de la Casa Rosada a donde
concurrió para consultar con el presidente Alberto Fernández sobre la nueva
redacción que tendría la iniciativa.
"Tenemos todo arreglado, faltan algunas cositas,
tenemos que arreglar todo", dijo ante la prensa acreditada en Casa de
Gobierno.
El viernes pasado cuando Argentina logró celebrar un acuerdo
con el staff del FMI el presidente Alberto Fernández podría haber anunciado el
inicio de una nueva etapa de su gobierno más focalizada en la recuperación
económica.
Sin embargo, en una estrategia de hacer “responsable a toda
la dirigencia política” en la decisión de contar con un programa con el Fondo,
el gobierno instaló un paso adicional a la difícil y larga negociación que
mantuvo con el organismo multilateral.
Desde el entorno presidencial comentaron que quién mantenía
una posición intransigente respecto a que se debía votar el proyecto tal cual
fue enviado por el Poder Ejecutivo era el ministro de Economía, Martín Guzmán,
que argumentaba que al directorio del FMI no “le caería bien que no se
apruebe”. En los pasillos del Palacio de Hacienda interpretan el súbito viaje a
Houston como una salida de escena pues el ministro habría tenido que ceder respecto
a esta exigencia.
Cabe señalar que, en todo momento, el FMI señaló que la
aprobación parlamentaria es un requisito de la legislación argentina.
En una conferencia de prensa realizada el 3 de marzo pasado,
se le preguntó a Ilan Goldfajn, Director del Departamento del Hemisferio
Occidental que pasaría si el Congreso no aprobase el acuerdo. La respuesta del
funcionario fue:“tenemos plena confianza en las autoridades para hacer frente a
esto y contar con el apoyo político. Y no vamos a entrar en cuestiones de
política interna sobre eso, pero tenemos la plena confianza de las
autoridades”.
Sin embargo, Julie Kozak, Subdirectora Departamento del
Hemisferio Occidental, aclaro que: “Por lo general, cuando llegamos a un
acuerdo a nivel de personal técnico, emitimos un comunicado de prensa como lo
tenemos hoy. Ahora bien, en el caso de Argentina, debido a que los documentos,
el memorándum y los documentos adjuntos serán enviados al Congreso, esos
documentos serán publicados en el momento en que sean enviados al Congreso.
Pero ese es un proceso inusual y está relacionado con el hecho de que el
programa será discutido en el Congreso argentino antes de ser presentado a
nuestra junta ejecutiva para su aprobación”.
En el mismo sentido, opina un informe de la consultora ACM
haciendo referencia a trascendidos periodísticos en cuanto a que el ministro
Martín Guzmán afirma que en caso de no aprobarse el proyecto tal cual fue
enviado al Congreso, el acuerdo se caería porque esa es una condición exigida
por el Organismo. ACM afirma “entendemos que eso no es correcto, toda vez que
no existe ninguna regla del FMI que disponga la necesidad de una aprobación
parlamentaria de un país solicitante de asistencia financiera”.
Es decir que el acuerdo, desde el punto de vista, del Fondo
no se caería en caso de no ser aprobado por el Parlamento.
Fuente: ámbito
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