El acuerdo busca promover políticas de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana a nivel subnacional, y contará con la participación activa de la Universidad Austral como entidad capacitadora, y el respaldo de la Comisión Europea como cofinanciadora.

Según explicó el Intendente Jorge, “este convenio nos posiciona a la vanguardia en materia de innovación democrática, digitalización de la gestión pública y construcción de ciudadanía. Apostamos a un modelo de gobierno más transparente, cercano y colaborativo”.

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio impulsado por PAD, que actualmente transita su segundo año de ejecución. Este plan, dirigido por Ibarra, tiene como objetivo mejorar la prestación de servicios digitales en 30 ciudades de todo el país —gobernadas por distintos partidos políticos— en el plazo de tres años.

En este marco, San Salvador de Jujuy ya cuenta con importantes antecedentes en materia de participación y digitalización. “Vamos por el sexto presupuesto participativo y hace 15 días inauguramos una plataforma para las habilitaciones comerciales. Tenemos una gran expectativa de poder implementar innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad democrática”, expresó Jorge, quien también advirtió que “todos los municipios estamos sufriendo el desamparo del gobierno nacional”.

El proyecto apunta a capacitar funcionarios municipales en temáticas de transformación digital, acceso a la información, datos abiertos y nuevas herramientas de gobernanza. La Universidad Austral será la encargada de brindar la formación técnica y académica, mientras que PAD llevará adelante la implementación de plataformas de participación ciudadana y consulta pública.

Entre los compromisos asumidos por la Municipalidad se destacan: la facilitación de la infraestructura necesaria para implementar estas plataformas, la asignación de recursos humanos y la actualización continua de los datos abiertos. Por su parte, PAD cubrirá los costos operativos y de capacitación, y brindará acompañamiento técnico durante los 18 meses de ejecución del convenio.

Asimismo, se establecerán mesas de trabajo con actores locales de la sociedad civil para asegurar una participación activa de la comunidad en el diseño de políticas públicas.