- 30 de agosto de 2019

El seguro de sepelio que implementó el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) es un servicio que se complementa con el seguro de vida que ya se viene otorgando a los afiliados de la entidad.
El Presidente del ISJ Pablo Giachino, el Vocal 2do Carlos
Rodolfo Grosso y Juan Pablo Román Carniellis Gerente de Seguros, dieron
detalles de la disposición.
El titular de la obra social, Pablo Giachino, se refirió al
marco legal que respalda la implementación del servicio, recordando que se
procedió de acuerdo a los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica del ISJ Nº 4282,
la cual faculta a establecer un seguro de vida y de sepelio para todo el
personal del sector público provincial que cubrirá los riesgos de muerte e
incapacidad permanente total o parcial para el trabajo y los gastos de sepelio.
Señaló que el instrumento legal indica que esos seguros tendrán carácter de obligatorios e irrenunciables alcanzando a todos los funcionarios, magistrados agentes de los poderes del Estado, de la administración pública descentralizada, autárquica, empresas, sociedades del Estado y de los municipios, como así también, personal de planta permanente, contratados, jornalizados, supernumerarios o en carácter eventual.
Apuntó asimismo, que la Superintendencia de Seguros de la
Nación, mediante Resolución Nº 37.149, autoriza al ISJ a operar en todo el
territorio provincial en el ramo sepelio.
Por su parte, el vocal segundo de la obra social, Carlos
Rodolfo Grosso, dijo que el seguro de sepelio es vía reintegro, esto implica
que los beneficiarios se presentarán en la compañía funeraria de su confianza y
pedirá el servicio y luego con una certificación que se le reintegrará el monto
de manera inmediata.
El servicio comenzará a implementarse a partir del 1 de
septiembre, por lo que se efectivizará el descuento por planilla de un monto de
$94,56.
“Activamos este seguro, porque había una demanda muy grande
de los sectores más carenciados y en los centros de jubilados”, explicó Grosso
y precisó que “para llegar a este servicio tuvimos muchas reuniones especialmente
con los sectores de los jubilados, por lo que entendemos es una función social
que también debe cumplir el Estado”.
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