- 03 de marzo de 2020
En un comunicado, la bancada opositora exigió además la renuncia del cuestionado presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, y le restó trascendencia a la marcha convocada para mañana por el gobernador Gerardo Morales.
El presidente del Bloque, Pedro Belizán, fue el encargado de
leer a los medios de comunicación el contenido del comunicado y de explicar por
qué no participarán del encuentro parlamentario de esta tarde. “No vamos a
participar porque esta sesión tiene como único fin deslegitimar un proyecto de
ley que se encuentra en el Senado de la Nación”, dijo, en alusión a la
iniciativa impulsada por el senador Guillermo Snopek en la Cámara alta del
Congreso.
En tal sentido, Belizán sostuvo que “es en ése ámbito donde
debe debatirse el proyecto y es allí donde deben manifestarse todas las
situaciones que han sucedido en la provincia y que al día de hoy siguen provocando
un desgaste institucional, deteriorando el estado de derecho y las garantías
individuales”.
El comunicado, entre otros conceptos, reza: “Nosotros y el
pueblo jujeño sabemos los graves acontecimientos que se han producido en la
Justicia y la evidente injerencia del poder político sobre determinados actores
judiciales que han dado claras muestras de parcialidad e injusticia, provocando
la grave crisis institucional que vive hoy el Poder Judicial”.
Sobre el juicio político a Baca sostiene que “es un proceso
sin precedentes en nuestra provincia, con graves acusaciones de parcialidad y
mal desempeño de sus funciones”. “Este magistrado además ha sido denunciado en
el fuero penal por abuso sexual de una ciudadana jujeña”, aclara el escrito a
la vez de expresar su solidaridad con la denunciante.
En otro párrafo, el Bloque exige la renuncia de Baca al
cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia y la urgente investigación de
los hechos denunciados. Asimismo, expresa un claro apoyo al proyecto presentado
en el Congreso de la Nación por el senador Guillermo Snopek.
Por último, insta a los responsables de los poderes del
Estado a efectivizar acciones que devuelvan la institucionalidad que garantice
la plena vigencia de la independencia de la Justicia, requisito indispensable
del estado de derecho.
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