Hay casi 80.000 extranjeros que podrían ser afectados por la medida que anunció el Ejecutivo. Cómo se avanzará con el proyecto y cuáles son los principales lugares de origen.

Este martes, el Gobierno anunció que quiere modificar la Ley de Migraciones para habilitar que las universidades públicas les cobren aranceles a los no residentes. En ese sentido, un informe del Ministerio de Capital Humano planteó que existen 79.834 estudiantes extranjeros en las casas de altos estudios, con una matrícula que alcanza el 4,3% del total.

Este número se enfoca en los estudiantes de pregrado y grado, ya que los posgrados son arancelados. Según el documento, que analiza datos entre 2022 y 2023, este último punto registra un 9,2% de alumnos extranjeros.

Según el Gobierno, el 95,83% de los inmigrantes vienen de otros países latinoamericanos y de EE.UU.:

Brasil (13.964)

Perú (13.622)

Paraguay (9.761)

Bolivia (8.957)

Colombia (7.638)

Venezuela (6.901)

Ecuador (6.126)

Chile (4.813)

Estados Unidos (1.492)

Uruguay (1.475)

Además, hay un 2,87% de personas que llegan de Europa, 0,80% de Asia, 0,44% de áfrica y 0,6% de Oceanía.

El objetivo del Gobierno

El anuncio de la medida, que también fue acompañado por el arancel para la salud pública, fue comunicado por Manuel Adorni, vocero presidencial, en conferencia de prensa. La iniciativa será impulsada a través de un proyecto que modificará la Ley de Migraciones actual y realizará cambios de manera integral, como pudo saber TN.

En ese sentido, los organismos nacionales, provinciales y municipales van a determinar las condiciones de la medida y evaluar el cobro de aranceles.

“El objetivo es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, señaló Adorni. También especificó que la cuota para los extranjeros “va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”. Y ejemplificó: “Uno de cada tres estudiantes de medicina no es argentino”.

“En el caso del arancelamiento a los extranjeros en las universidades, está el Consejo Superior de las universidades, que podría permitir que lo implementen”, explicó Patricia Bullrich en diálogo con LN+ y agregó: “Es algo muy justo, porque los argentinos pagamos los impuestos, y con esos impuestos necesitamos brindar educación a nuestros ciudadanos”.

A pesar de las intenciones del Gobierno, desde las instituciones públicas nacionales aseguran que para que la idea oficialista rija se deberá modificar la Ley de Migraciones, pero también la de Educación Superior.

Desde la gestión de Javier Milei aseguran que el proyecto estará a cargo de Jefatura de Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Secretaria de Educación.

Fuente: TN

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