Este es tendiente a generar desde el Estado una medida reparadora consistente en la incorporación de la víctima a un puesto de trabajo en la administración pública en reemplazo de su agresor, en el caso que éste haya sido agente estatal y fuera exonerado por el ejercicio de violencia de género.

Al explicar detalles que motivaron el impulso de este proyecto, la legisladora señaló que la razón principal es reforzar la legislación que rige en materia de violencia de género y complementarla con herramientas que permitan acercar soluciones inmediatas a las víctimas. “El objetivo de esta propuesta es ampliar el abanico de acciones para la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus tipologías”, aseveró.

“Resulta alarmante el aumento de denuncias que encuentran a mujeres y a personas de la diversidad como víctimas de hechos delictivos de género por su sola condición como tal. La violencia de género se ha convertido en un fenómeno global, de crecimiento constante, que impactó en todos los estratos sociales”, reflexionó, a la vez de indicar que “si bien los estados se vieron obligados a tomar medidas al respecto, muchas de las que se adoptaron aún parecen insuficientes”.

Asimismo, Ferreyra refirió que la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece claramente los alcances y modalidades en las que se ejerce la violencia de género, además de tener como espíritu el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, afirmando en particular el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias. La diputada justicialista también destacó la legislación que aprobó la provincia en el mismo sentido, reforzando el compromiso del Estado de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres.

En ese marco, sostuvo que pese a los avances legislativos que existen a nivel nacional y provincial y a la visibilización de la problemática, “existen casos de violencia que muchas mujeres padecen en silencio ante la existencia de una subordinación o dependencia económica, por no poseer ingresos o ser éstos escasos para solventar los gastos del hogar, siendo el hombre el único sostén económico familiar”.

“Es por todo esto que, y como un avance en materia de reparación con perspectiva de género, consideramos necesario ampliar el marco legal del empleado público (Ley 3161), agregando en su articulado el supuesto de la incorporación a la administración pública de víctimas de violencia de género cuando el hecho fuera perpetrado por un agente del Estado provincial”, finalizó.