¿El Estado argentino va a perder el 51% de las acciones que tiene en su poder de YPF, una de las empresas más importantes del país, locomotora del boom de Vaca Muerta y cabeza de las exportaciones de gas que vendrán?

Sí, según el saber y entender de Loretta Preska, la jueza a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, que hace 10 años lleva adelante el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente. El fallo es inédito, pero contundente. Habrá apelaciones y, esperan los demandantes, negociaciones en el medio.

En 2023, Preska condenó a Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar USD 16.000 millones, cifra que ya sumó USD 1.000 de intereses. A grandes rasgos, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista realizó mal el proceso por el cual se le pagó USD 5.000 millones a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, y se ignoró a los demás accionistas. Más allá de la conveniencia política y hasta económica de expropiar, se hizo mal.

Otro hecho muy relevante dentro de este intríngulis judicial sucedió ayer lunes, cuando la magistrada le ordenó al país entregarle las acciones que tiene en la empresa (51%) a Burford Capital, el bufete inglés experto en litigios internacionales, que es el principal beneficiario del fallo y adjudicatario de la mayoría de la condena multimillonaria.

Qué dijo Preska

Tres párrafos del fallo de ayer:

“Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”.

“La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos (para transferir las acciones de YPF), tomar medidas para cambiar la ley, o cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”.

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.

La jueza está “enojada” con Argentina. No está conforme con los esfuerzos que hace y, eventualmente, quiere que se negocie con Burford. Ninguno de los cuatro presidentes argentinos que atravesaron esta causa, incluido Javier Milei, hasta el momento, se sentaron a entablar algún tipo de negociación –o diálogo– con Burford, ni antes de que tuviera sentencia favorable, ni después.

Apelación

El presidente Javier Milei lo adelantó ayer por la tarde por X: Argentina apelará. Lo hará rápido porque Preska dio 14 días para entregar las acciones.

Milei insultó a Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense. Es “un fallo contra Kicillof”, dijo el Presidente. “Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”, argumentó quien fue cabeza operativa de la expropiación, hace 13 años.

Seguramente con la apelación, la Argentina presentará un “stay”, o un pedido para que quede sin efecto la decisión. Se lo pedirá a la propia jueza o a la cámara de apelaciones y solicitará que no haya embargos. Para hacer lugar a ese pedido, es posible que la jueza exija una garantía, que podría rondar los USD 10.000 millones, según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, y especialista en el caso.

La Argentina se negó a fines del año pasado a poner este tipo de garantías: no tiene fondos o activos para hacerlo.

“Sería deseable que la propia jueza suspenda los efectos de su fallo. Si no pasa, la Argentina quedará en situación de tener que aceptar o no la orden de un juez. Sería esperable que rápidamente, en días, se entre en una suerte de estado de ‘hibernación’ de este fallo hasta que la cámara decida”, destacó una fuente vinculada con el caso.

“Para no estar en desacato hay que acatar la orden: pagar USD 16.000 millones o arreglar con Burford. Pero sería ridículo porque está la decisión de la cámara pendiente y también la apelación de la cuestión de fondo”, agregó.

¿Cuándo se paga? “Burford habría cerrado por USD 4.000 con Macri. Ahora hay que sentarse a negociar, pero ellos tienen cada vez más elementos a su favor. Claro, no quieren quedarse con la empresa, quieren cobrar”, señaló otra fuente cercana a la causa.

Lo cierto es que la fecha de pago parece estar lejos, pero los caminos se acortan y la falta de diálogo, y mucho más una tensión o desacato con un tribunal estadounidense, pueden enturbiar otras posturas, colocaciones o negociaciones del país en el contexto internacional.

Impacto

El impacto local inicial fue importante. Las acciones de YPF cayeron hasta 8% en Wall Street, mientras que las de Burford superaron el 20% en Londres. Vale recordar, que en el fallo condenatorio al Estado, Preska dejó afuera a la empresa. O sea, todo el impacto que ésta recibió ayer es por los coletazos indirectos y por estar su nombre involucrado en la causa.

La sentencia empujó de inmediato a una caída para las acciones de YPF en Wall Street, donde el ADR rozó los 30 dólares. Al cierre, con una ligera recuperación de las posiciones, YPF quedó a USD 31,54, con una caída de 5,6 por ciento.

No solo se hundieron los títulos de la petrolera, también arrastró al resto de las acciones a nivel local y en el exterior, y a los títulos públicos, mientras que el dólar aceleró la suba para cerrar por encima de los 1.200 pesos en todos los segmentos del mercado.

Ayer en el mercado financiero se preguntaban sobre posibles impactos de esta decisión en los negocios de YPF, una empresa en expansión que de la mano de Vaca Muerta busca convertirse en un jugador importante del mercado de venta de gas natural líquido (GNL) y que planea exportar desde barcos licuefactores ubicados en Río Negro.

Lo queda aún por definir

El principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska. Se supone que la corte de Apelaciones de Nueva York podría definirlo en un año (aún faltan pasos, como presentar los argumentos orales, por ejemplo).

Otro pendiente: la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que pidió que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación, algo que Preska no concedió.

Mientras tanto, en el tribunal de Preska hay otras acciones que impulsa Burford, con idea de “hacer ruido” y convencer al Gobierno de que se siente a negociar.

Por ejemplo, pedidos de embargos y demostrar que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, que el primero digita lo que hace la segunda.

De costado, también influyen algunos movimientos de la política de EEUU. En los últimos días, hubo un tembladeral en la industria de Burford, conocida como litigation funders, o financiación de litigios. Es que un senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, presentó un proyecto de ley para gravar con más de 40% a la actividad. Eso representaba casi el fin del negocio para las compañías del rubro. Era un proyecto paralelo a la “One, big, beautiful bill” de Donald Trump y parece que al presidente de EEUU no le gustó nada. El proyecto habría sido descartado y Tillis, que nunca estuvo alineado con Trump, confirmó que no se presentará a la reelección.

Luego llegó el fallo de Preska, de extracción republicana, que involucra a la Argentina y a las acciones que tiene en YPF.

Fuente: Infobae