La crisis salarial se profundiza, arrastrada por el plan de ajuste de Javier Milei. El primer dato oficial de enero evidenció que el poder adquisitivo de los sueldos en el sector formal tuvo su mayor caída en dos décadas, desde la salida de la convertibilidad. El fogonazo inflacionario que siguió a la megadevaluación de diciembre pudo más que la negociación paritaria. Así, en tan solo dos meses, los primeros de la gestión libertaria, los salarios perdieron casi la quinta parte de su capacidad de compra. Un deterioro a velocidad récord que explica el desplome del consumo y la agudización del escenario recesivo.

La Secretaría de Trabajo publicó en las últimas horas el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), un indicador salarial que se utiliza como base de cálculo para la fórmula de movilidad jubilatoria y para las indemnizaciones por accidentes laborales. Medido en términos reales, evidenció un derrumbe interanual del 22,2%. Se trata de la caída más abrupta desde marzo de 2003, cuando todavía se sentía con fuerza el impacto del salto cambiario del desarme del uno a uno y la crisis de 2001-2022.

Si bien el salario real ya venía en declive, lo pocas veces visto es que el grueso de esa caída se concentró en los primeros dos meses de gobierno de Milei. En enero, la reapertura de paritarias (sobre todo en los gremios con mayor capacidad de pulsear por una recomposición significativa) en busca de recuperar parte de lo perdido en la carrera nominal contra los precios derivó en un incremento mensual del RIPTE del 14,7%. No alcanzó. “Es el aumento más elevado de toda la serie pero sigue corriendo de atrás a la inflación”, explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Ese mes el índice de precios al consumidor (IPC) marcó 20,6%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo del 4,9%.

Sin embargo, esa baja mensual se monta sobre el 13,7% que habían perdido los salarios en diciembre ante la disparada inflacionaria inicial que generó el salto cambiario del 118% ejecutado por Luis Caputo y Santiago Bausili en combinación con la liberalización total de la política de precios. En conjunto, la capacidad de compra de los asalariados formales se hundió 17,9% en apenas dos meses, un retroceso que se acerca al 20,9% que cayó el salario real durante los cuatro años de Mauricio Macri.

Según cálculos de Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, la agudización del deterioro de los ingresos llevó a que el RIPTE de enero, medido en moneda constante, volviera al nivel de mayo de 2005, es decir, 19 años atrás.

Lo cierto es que el poder adquisitivo de los trabajadores arrastra ya seis años consecutivos de caída y se encamina a hilvanar el séptimo. Tras la fuerte recuperación experimentada entre 2003 y 2013, que permitió salir del pozo de la crisis del 2001-2002 con una recuperación de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, el estallido de la crisis de deuda del gobierno de Macri inició una pendiente a la baja. Un descenso que se desaceleró en los cuatro años de Alberto Fernández pero que no se detuvo y que se precipitó apenas iniciado el plan de ajuste de Milei.

Ese derrotero deja un saldo contundente. Según la serie del salario real elaborada por Campos a partir del RIPTE y de los índices de inflación del INDEC y de la Dirección de Estadística porteña, el poder de compra de los asalariados formales en enero de este año fue 42,6% menor al de octubre de 2015.

Según el índice RIPTE, el salario bruto promedio fue de $555.269 en enero, que en términos netos equivale a alrededor de $460.000. Así, un salario formal promedio quedó 23% abajo del costo de la canasta básica total para un hogar tipo de cuatro integrantes (que en enero fue de $596.823), es decir, de la posibilidad de evitar que su familia no se ubique en situación de pobreza.

Las perspectivas para este año, atravesado por la muy elevada inflación y la caída de la actividad con pérdida de empleo, no auguran una pronta recuperación de los ingresos. Así lo proyectó la Fundación Capital, la consultora fundada por Martín Redrado, que prevé una caída de dos dígitos para todos los sectores en 2024. Pese a la activación de negociaciones paritarias más cortas, estima que el poder adquisitivo de los asalariados formales del ámbito privado perderá otro 10,5% interanual.

Por fuera de este segmento, la crisis salarial proyectada por la fundación es aún más aguda. Para los estatales, afectados por el ajuste del gasto público, anticipa una caída del 21,3% interanual. Para los informales prevé un desplome del 25%.

Salarios e impacto recesivo

Este deterioro de los salarios, en combinación con el ajuste vía licuación de las jubilaciones y pensiones, es la contracara de la agudización del escenario recesivo. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer bimestre del año el recorte real del gasto primario fue del 33,6% interanual. Del ajuste total, las jubilaciones y pensiones aportaron el 43% y los salarios de los estatales, el 5%. El impacto de la licuadora sobre los haberes es tal que “un jubilado con la mínima va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023”, advirtió el IARAF.

El colapso de los ingresos es la contracara de la parálisis del consumo. Por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), relevó una caída de las ventas minoristas en pymes del 25,5% interanual en febrero.

A su vez, esto agudiza el deterioro de la actividad. El INDEC informó este miércoles un desplome del 12,4% interanual en la actividad industrial durante enero y del 21,7% en la construcción, afectada por el parate de la obra pública. Y los indicadores adelantados de febrero muestran una continuidad de las caídas: el patentamiento de motos (13,7% interanual) y el de autos (18,7%), la fabricación de vehículos (19%), la venta de insumos para la construcción según el índice Construya (29%) y la recaudación de IVA DGI (12,6%).

Fuente: ámbito