Durante la tarde de este lunes, el juez porteño en lo contencioso administrativo, Roberto Gallardo, hizo lugar al amparo de Juan Grabois y ordenó a Horacio Rodríguez Larreta a levantar el operativo de seguridad policial frente a la casa de Cristina Kirchner, en Recoleta.

“Se ordena el cese en forma inmediata de la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”, se lee en el fallo de Gallardo. “La custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales”.

El juez convocó además a una audiencia el miércoles a las 11:00 entre Aníbal Fernández (ministro de Seguridad nacional) y su par porteño, Marcelo D’ Alessandro.

Ante esto, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel dijo en Solo una vuelta más (TN): “Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor a la sociedad. Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo”.

No es la primera vez que autoridades del gobierno porteño se cruzan con Gallardo. En abril, el juez ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial que implementó la Ciudad por un presunto uso ilegal a datos biométricos de los ciudadanos.

El pedido que hizo Juan Grabois

El sábado, la policía de la Ciudad valló las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner. Por eso, La Cámpora y organizaciones sociales convocaron a la militancia a las puertas del departamento de Juncal y Recoleta. El objetivo de esta demostración de fuerza era apoyar a la Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para ella en la causa Vialidad.

Por la tarde, se produjo un fuerte enfrentamiento entre la policía y militantes que terminó con una docena de efectivos heridos y varios detenidos. Las fuerzas de seguridad tuvieron que replegarse ante el avance de las personas que voltearon las vallas y llegaron hasta la puerta del departamento de Cristina.

Ante esta situación, Juan Grabois presentó un amparo en la Justicia, al que más tarde se le sumó uno de Ofelia Fernández. Allí pidió que “se deje sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a protesta y a la libertad de expresión”. Y agregó: “Las únicas situaciones irregulares que se han visto en los últimos días han sido por parte de las fuerzas del orden de CABA quienes han agredido a manifestantes”.