También al Dr. Ellio Yapura como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr. Jorge Abud como Defensor Oficial Civil, a la Dra María Tolaba como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr José López Iriarte como Juez en la Cámara en lo Civil y Comercial Nº1 (vocalía 2), a la Dra. Felicia Barrios como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr Javier Salvatierra como Juez del Juzgado de control Nº3, a la Dra. Gisela Macina como Juez de la Cámara de Casación Penal, y a la Dra. Mirta del Milagro Vega como Juez de Primera Instancia Civil y Comercial – Sede San Pedro.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Ramiro Tizón, explicó que todos los pedidos de acuerdo enviados por el ejecutivo obedecen a postulantes que oportunamente se presentaron a los concursos de evaluación y antecedentes para cubrir los cargos detallados.

En cuanto a la designación de Meyer como Vocal del Superior Tribunal de Justicia, el legislador señaló “la Comisión lo entrevistó y se pudieron entablar conversaciones con diputados que integran todas las bancadas. Tomamos conocimiento de cuál es su forma de pensar, conocer sus antecedentes y cuál es su pensamiento respecto al cargo para el cual se lo propone. Obtuvimos respuestas claras donde tomó una postura donde claramente menciona un compromiso democrático respecto de la función que cumpliría, de cuál es la labor y en base a eso se trabajó”.  En relación a las críticas e impugnaciones recibidas, Tizón expresó “no desconocemos que tiene una trayectoria ideológica reconocida, un pensamiento político que entendemos que es absolutamente natural y necesario que lo tenga, como lo tiene cualquier integrante de cualquier Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema. Tenemos innumerables ejemplos en la provincia como a nivel nacional dónde ocurrió y no fue un impedimento para que el magistrado pueda ejercer de manera independiente sus funciones”.

CUESTIONES DE PRIVILEGIO

Antes del tratamiento de los pedidos de acuerdo, la diputada Alejandra Cejas planteó cuatro cuestiones de privilegio destinadas a Facundo Javier Morales, hijo del gobernador de la provincia, por una supuesta incompatibilidad de cargos; al diputado del bloque oficialista, Juan Carlos Abud Robles por haber sido designado por un decreto acuerdo del ejecutivo a cargo de las tierras remanentes del Ingenio La Esperanza y, también, por ser presunto director  de dos sociedades formadas con el patrimonio de JEMSE; a la Fiscalía Anticorrupción por haberse negado a recibirle su declaración jurada; y al vocal de la SUSEPU, Oscar Raúl Congiu, por la viralización de un audio en el cual amenaza telefónicamente a una profesional del organismo a raíz de una denuncia judicial que implica a uno de sus familiares directos. “Espero que lo que se está diciendo vaya a una fiscalía, no podemos hacer de cuenta que no pasó nada”, señaló Cejas.

En contraposición, el diputado Abud Robles expresó “también voy a hacer una denuncia y va a tener que responder penal y civilmente por todas las mendacidades y mentiras que dijo la diputada. El decreto de delegarme la función del remanente de La Esperanza nunca entró en vigencia porque entendíamos que no correspondía y que era atribución de alguien del Poder Ejecutivo. También va a tener que justificar que pertenecía a dos empresas pertenecientes de JEMSE, porque eso no es verdad y al hacerme cargo de este espacio, como diputado, presenté mi renuncia al ejecutivo”.

En cuanto a los audios de Congiu, el diputado Pedro Belizán señaló “es el momento de dar señales claras de que no solo se respeta a la sociedad, sino también a la Cámara que presta acuerdo confiando en la buena fe de las personas”. Por su parte, el presidente del Bloque U.C.R., Alberto Bernis, confirmó que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, tomó la decisión, de acuerdo a la Ley de la SUSEPU, de apartar del cargo a Congiu por ejercer violencia y abuso de poder.