Con la finalidad de dar respuestas a los legítimos reclamos de los veteranos de guerra, la Legislatura de Jujuy aprobó la Ley N°6.237 de modificación de las leyes ‘Pensión de Héroes de Malvinas’ y ‘Orgánica del Instituto de Seguros’.

La nueva norma reconoce necesario ampliar el alcance de los beneficios y derechos otorgados como reconocimiento reparatorio por los servicios prestados a la Patria en defensa de la soberanía nacional. Por ello, el proyecto persigue la ampliación de los beneficios a los hijos menores de 18 años – sin límite de edad en caso de presentar incapacidad permanente -, contemplando un aumento significativo en el importe mensual de la pensión y permitiendo la afiliación al Instituto de Seguros de Jujuy como beneficiarios del seguro de salud. En su articulado, la Ley también establece “Cuando se trate de ex soldados combatientes fallecidos en el conflicto bélico, o como consecuencia de su intervención en el mismo, o en el caso de titulares que fallecieren, tendrán derecho a percibir el beneficio los derechohabientes”.

Al respecto, el diputado Juan Cardozo remarcó “siempre hay motivos para reconocimientos. En esta ampliación hay algo muy importante, porque hay una sociedad que los acompaña y políticas públicas que a través de los años otorgan derechos”. Por su parte, el presidente del Bloque Primero Jujuy, Gaspar Santillán, pidió disculpas públicas a los veteranos presentes, en nombre de los distintos gobiernos que se sucedieron en la provincia, por las demoras en el reconocimiento. “Son los últimos héroes que defendieron nuestra Patria. Vamos a acompañar con firme decisión y convicción porque este es el camino”, puntualizó. 

De igual manera, la Cámara aprobó las Leyes N°6.238 de Plan Maestro Plurianual de Desarrollo 2021-2023; N°6.239 de Modificación de la Ley N°5.893 - Sobre el funcionamiento del Tribunal Evaluador para la selección de jueces, fiscales y defensores; N°6.240 de Estímulo a la actividad teatral; y N°6.241 de Curso de prevención de la violencia de género para contrayentes de matrimonio o unión convivencial.

La Ley N°6.238, Plan Maestro Plurianual de Desarrollo 2021-2023 - consistente en un programa de obras públicas imprescindibles para la provincia -, tiene como objetivo brindar soluciones integrales a las problemáticas habitacionales de sectores vulnerables dotándolos de infraestructura y servicios públicos básicos. Asimismo, plantea la ejecución de obras para el desarrollo y fortalecimiento sanitario, educativo, ambiental, cultural, turístico y de transporte. En su ejecución, se plantea que el Plan reactivará la economía provincial generando empleos, servicios, producción y trabajo, beneficiando a proveedores, empresas y emprendimientos locales en las distintas áreas proyectadas.

En consecuencia, con el fin de lograr celeridad y transparencia en la ejecución de las obras previstas, se prevé, de modo excepcional, un procedimiento especial y acotado de selección de oferentes, que se regirá por un “Pliego único de Bases y Condiciones Generales” que se tramitará bajo la modalidad de concursos de precios, prevista por la normativa vigente, independientemente de los montos de las obras.

Al respecto, el miembro informante, Fabian Tejerina, señaló “estamos en presencia de un proyecto que tiene que ver con nosotros, los jujeños. Lo que hace esta iniciativa es recuperar nuestra estima, que Jujuy es capaz de esto y mucho más. Este es el camino a la profundización de la transformación en la vida de todos los jujeños”. En sintonía, la diputada Mariela Ortíz remarcó “anunciar un Plan Maestro no lo puede hacer cualquiera en estas circunstancias, como lo hizo el gobernador de la provincia. No se busca eliminar controles, sino que busca un estado más eficiente en un contexto inflacionario como el que atraviesa el país”. Para finalizar, el presidente de la Bancada Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis, explicó “es el producto de la buena administración y de la transparencia en el manejo de los recursos propios. Hay un camino, un rumbo y el pueblo jujeño acompaña”.

En relación a la Ley N°6.239, de Modificación de la Ley N°5.893 sobre el funcionamiento del Tribunal Evaluador para la selección de jueces, fiscales y defensores, se plantea incorporar el artículo 8 bis, que establece que el orden de mérito resultante de un concurso tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del mismo en la página web del Poder Judicial, siempre que en el listado figuren al menos tres postulantes. En caso que durante ese periodo se produzca una nueva vacante para un cargo idéntico y en la misma jurisdicción donde se haya concursado, el Superior Tribunal de Justicia podrá confeccionar la terna en base a ese orden de mérito.

La penúltima Ley aprobada por la Cámara, de estímulo a la Actividad teatral, tiene por objeto propiciar la exención impositiva a la actividad teatral. La misma crea el Régimen de Estímulo de la actividad Teatral y Musical no oficial con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad teatral en todas sus formas. En los alcances quedarán comprendidas las personas humanas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Artistas/Censo Permanente de Teatro.

Para finalizar, la Cámara aprobó la Ley N°6.241 de Curso de prevención de la violencia de género para contrayentes de matrimonio o unión convivencial. La misma plantea que el curso se realizará con el objetivo de promover la prevención de la violencia de género y la promoción de derechos sexuales y reproductivos en las futuras relaciones matrimoniales o convivenciales.

DESIGNACIóN DE REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN EL COMITé PROVINCIAL PARA LA PREVENCIóN DE LA TORTURA

De igual manera, durante la Sesión, la Cámara prestó acuerdo, conforme a lo dispuesto en la Ley Provincial N°6.137, para designar a las licenciadas Soledad Sapag y María José Pintos como representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, en el “Comité provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Al respecto, Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, explicó “en ambos casos fueron citadas y entrevistadas por la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión de Derechos Humanos. Tal como manda la Ley de puesta en marcha de este comité, las dos postuladas son profesionales con antecedentes conocidos por nosotros y publicados en el boletín oficial y en otros medios de comunicación por más de diez días sin obtener objeciones”.

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