- 14 de noviembre de 2019
La Legislatura de Jujuy, durante la 7ma Sesión Ordinaria, decidió repudiar el golpe de estado en Bolivia.
“Hoy tenemos un gran desafío como Cuerpo, como Poder
Legislativo. Lo que expresemos no es la expresión de cualquier provincia, lo
hacemos como una provincia con un vínculo de toda naturaleza con el hermano
país de Bolivia, ese es el significado que tenemos que darle al debate y al
esfuerzo para llegar a un consenso”, señaló Fabián Tejerina, diputado del
Bloque U.C.R.
Mediante la Resolución 13/19, la Cámara de Diputados de la
Provincia repudió el golpe de estado militar-cívico y policial, el quiebre del
orden democrático e institucional, los ataques
contra el sistema democrático sufridos por el estado plurinacional de
Bolivia y las condenables intervenciones policiales y militares. Además se decidió
rechazar enérgicamente cualquier acto de violencia, intimidación y ataques
contra el estado de derecho, contra la democracia y el orden institucional,
expresando profunda preocupación y condenando la violación de los derechos
humanos.
Al respecto, la diputada Alejandra Cejas manifestó “no tengo
ninguna duda de que Argentina, por experiencia, no va a tolerar este tipo de
situaciones. Debemos acompañar a nuestros hermanos bolivianos, no es un tema
menor y es una cuestión que merece nuestra mayor reflexión en representación
del pueblo jujeño”.
Por su parte, el diputado Ramiro Tizón declaró “cuando
decimos que hay una policía acuartelada y si hay uno o unos comandantes del
ejército que públicamente piden, sugieren, que deje el gobierno el presidente
Evo Morales, no podemos llamarlo otra cosa que ‘golpe de estado’. Argentina
tiene larga experiencia y debemos condenarlos. Argentina es precursora en la
firma de la Carta Democrática de la OEA, del Protocolo de Ushuaia, los cuales
deben aplicarse”.
Además, la Cámara aprobó las Leyes N° 6.145, N° 6.146 y N°
6.147 de Regularización del Parque Nacional Calilegua; de Régimen Especial de
Regularización de Deudas Tributaras y Beneficios Fiscales Extraordinarios; y de
Adhesión a los Artículos 21 y 22 de la Ley Nacional N° 27.445, respectivamente.
La Ley N° 6.145 tiene como objetivo regularizar la situación
jurídica del Parque Nacional Calilegua y, además, ratificar el convenio
suscripto entre la Provincia y la Administración de Parques Nacionales. Al
respecto, la diputada Luna Murillo, miembro informante, explicó “esto viene a
dar formalidad con respecto a estas tierras cedidas a Nación y, también,
compromete a la provincia para solucionar paulatinamente los pozos petrolíferos
ubicados específicamente en Caimancito”.
Por su parte, la Ley N° 6.146 - de Régimen Especial de
Regularización de Deudas Tributarias y Beneficios Fiscales Extraordinarios -
tiene como principal finalidad incentivar directamente a los contribuyentes
para regularizar sus obligaciones tributarias. Entre otros, la reducción de los
intereses resarcitorios y punitorios previstos por el Código Fiscal, la
condonación de multas por infracción a deberes formales y por omisión de
integración de tributos y la reducción de multas al mínimo legal para agentes
de retención.
De esta forma, esta Ley se convierte en beneficios para
pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES,
incluyendo a potenciales PYMES y para contribuyentes del impuesto inmobiliario
e ingresos brutos que cumplieron con sus obligaciones durante el ejercicio
fiscal. Lo esencial es posibilitar que los contribuyentes, a través de la
operatoria, de modo cierto, concreto, puedan ordenar y pagar sus tributos y que
el Fisco gestiones una rápida y eficaz recaudación.
La última Ley aprobada por la Cámara, N° 6.147, habilita la
circulación por corredores viales de la provincia a los medios de transporte
conocidos como ‘bitrenes’, formaciones encabezadas por un camión convencional y
dos o más remolques que se articulan entre sí. El objetivo es aumentar la
competitividad en materia de costos para la provincia. “Creemos que esta Ley
subsana el reclamo de los empresarios, puesto que se trata de la posibilidad de
bajar los costos del transporte automotor entre un 25 y 35%. Significa adaptar
el transporte de Jujuy al de otras regiones productivas del país. Creemos que
esto dota de mayor competitividad al sector empresarial de la provincia y es el
Poder Ejecutivo el que va a determinar los corredores, las medidas de seguridad
y los controles”, señaló Guido Luna, miembro informante y diputado del Bloque
U.C.R.
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