Por unanimidad, los 46 diputados presentes le dieron curso al proyecto que impulsó la oposición y que lleva la firma del vicepresidente segundo del parlamento jujeño y miembro de la bancada justicialista, Rubén Armando Rivarola.

Quedó determinado además que este viernes a las 11 se reunirán los miembros de la sala acusadora, compuesta por 24 legisladores, para elegir a los integrantes de la comisión investigadora, en cuyo seno se analizarán las pruebas que existen en contra del alto funcionario de la Justicia provincial.

 “Esta es una situación institucional gravísima, porque estamos hablando de la Justicia y de la persona que preside ese Poder del Estado. Estamos hablando, además, de la falta de independencia de uno de los poderes del Estado, que es la base de la democracia”, cuestionó por su parte la diputada Liliana Fellner (PJ), quien además se mostró crítica con la designación anticonstitucional de la titular de la Oficina Anticorrupción, Josefa Herrera.

La legisladora sostuvo que en el audio que involucra al juez del máximo tribunal de la provincia, el acusado, es decir Baca, vierte definiciones que manchan la institución de la Justicia y que dan cuenta de la dependencia de ese Poder de la administración gubernamental que encabeza Gerardo Morales.

Asimismo, Fellner dijo que el silencio que existe por este tema en el propio ámbito de la Justicia y del gobierno, así como de otras instituciones de importancia de la provincia, es ensordecedor. “Incluso el silencio de los diputados oficialistas de esta Legislatura es muy grande”, sentenció.

Por otro lado, el justicialismo expresó su solidaridad con la diputada y compañera de bloque Débora Juárez Orieta, a la que habría sindicado el acusado Baca de ser la autora de una maniobra para dejarlo expuesto con los audios que trascendieron y que provocaron el escándalo por el que fue llevado al juicio político. “La Cámara de Diputado, en su conjunto, debería pronunciarse por este hecho”, afirmó el diputado justicialista Juan Cardozo Traillou.