Una por una, las alternativas que están en estudio.

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia generó el rechazo de gran parte del arco político, que comenzó a evaluar alternativas para intentar frenarlo.

Todos coinciden en que el Senado debe hacer valer su facultad para aprobar y rechazar los pliegos, pero ante el decreto presidencial se abren distintas posibilidades, desde pedir al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que no les tome juramento; hasta rechazar el nombramiento por decreto presidencial en la Cámara alta.

Además, se inició un debate respecto de la constitucionalidad del decreto de Milei, dado que desde la oposición sostienen que solo puede usarse la herramienta de nombrar jueces en comisión cuando el Congreso esté de receso. La judicialización es una opción que también está bajo análisis.

Qué opciones analiza la oposición

La opción que en gran parte de la oposición evalúan como “la más razonable” es que los propios jueces rechacen el nombramiento por decreto y esperen el tratamiento de sus pliegos en la Cámara alta.

Algunas fuerzas políticas comenzaron este martes a hacer circular un video de García-Mansilla en su audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado en la que dijo: “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión”. La presión para que no acepten está en marcha.

Antes o después, el Senado tendrá la última palabra sobre los pliegos de ambos jueces y la advertencia es que si aceptan ser nombrados en comisión podrían terminar perdiendo los votos favorables de la oposición.

Esa es una de las razones que, según pudo saber TN, preocupaba a Lijo sobre la posibilidad del decreto presidencial, sumado a que no podría pedir licencia en Comodoro Py y si la Cámara alta no aprueba su pliego, a fin de año se quedará sin Corte Suprema y sin juzgado.

Otra de las alternativas es que Rosatti no les tome juramento. El presidente del máximo tribunal fue nombrado por decreto del expresidente Mauricio Macri durante el receso legislativo, pero no asumió hasta que su pliego obtuvo la conformidad del Senado. Lo mismo sucedió con Carlos Rosenkrantz. Bajo ese argumento, Rosatti no tendría impedimento para rechazar tomarles juramento.

Un sector que impulsa ese pedido es el Foro Encuentro Reformista, integrado por militantes y dirigentes radicales.

Pero también el Senado, con mayoría simple, puede rechazar la designación de los jueces por decreto. Por estas horas, es la opción que toma mayor fuerza. El malestar de la oposición es creciente y los contactos para evaluarlo son permanentes.

“El Senado tiene la habilitación para reunirse y rechazarlos, porque son designados en comisión”, dijo a TN la diputada Margarita Stolbizer. Su par cordobés del PRO Oscar Agost Carreño coincidió: “Si el Gobierno persiste en esta maniobra, desde el Congreso tendremos que activar los mecanismos constitucionales para restablecer el equilibrio y el buen funcionamiento de las instituciones”.

La judicialización es otra de las alternativas. Ya hay un antecedente cuando el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que suspendió el decreto de Macri y ordenó a la Corte abstenerse de tomarles juramento a Rosatti y Rosenkrantz.