Estos aduciendo que la suspensión de la medida de fuerza de los choferes de colectivos ameritaba estudiar con mayor profundidad la iniciativa oficialista y algunos artículos que terminaban delegando facultades extraordinarias al intendente.

En el mes de febrero, en el marco de las suspensiones que había experimentado este servicio público, el concejal justicialista Matías Domínguez elevó un proyecto con idéntico espíritu al de la propuesta del radicalismo, aunque ésta última contenía el agregado de numerosos artículos que no habían sido consensuados con la oposición, entre ellos uno que establece una readecuación del precio del boleto cada tres meses conforme a un estudio de costos realizado por un estudio privado, evitando de esa manera que la revisión tarifaria pase por el Concejo.

Ante la insistencia del radicalismo y su aliado Miguel Morales de seguir adelante con la sesión especial y, en consecuencia, la negativa de posponer el tratamiento del proyecto en cuestión para la semana que viene, los concejales del Frente Justicialista (Dominguez); de Unidad Ciudadana, Federico Noro; y de la Izquierda, Guillermo Aleman y Andrea Gutiérrez, decidieron no avalar con su presencia la aprobación del único tema que motivó la convocatoria a este encuentro parlamentario.

Dominguez explicó que en el transcurso de la mañana se habían reunido con empresarios del transporte local y con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna, Guillermo Marenco, quienes relataron algunos pormenores relacionados al conflicto del transporte y que a instancias de los directivos de las empresas se había resuelto continuar la reunión por la tarde, luego de la audiencia de conciliación que tenían con la UTA en el Ministerio de Trabajo, la que a la postre terminó resolviendo el cese de la medida de fuerza que llevaba seis días.

 Más allá de eso, el edil peronista refirió que “era necesario que toda la información suministrada por las empresas y por el propio funcionario en forma verbal sea elevada por el municipio por escrito al Concejo” y remarcó que el proyecto del oficialismo “invalida por el término de dos años las actuaciones de fiscalización del Deliberante en materia tarifaria, dejando todo en manos del intendente y cediéndole en este tema la suma del poder público”.

En coincidencia con lo expresado por Domínguez -quien además aclaró que este proyecto conserva sólo el título de su propuesta original-, los concejales Noro, Alemán y Gutiérrez señalaron que “levantado el paro de los choferes, no existía ninguna urgencia en tratar esta iniciativa que avanza peligrosamente sobre el poder de contralor que debe ejercer el Concejo, sobre todo en materia tarifaria”.

Asimismo, los cuatro concejales opositores dejaron expresamente aclarado que el cumplimiento de las responsabilidades patronales de las empresas, así como otros requisitos previamente acordados y vinculados a la prestación del servicio, se encuentran contenidas en la ordenanza que da origen a los contratos de concesión, “pero esto lamentablemente no se está aplicando”.

En el mismo sentido, describieron que en el pliego de licitación el intendente está facultado a sancionar a las empresas que incumplan el contrato o que interrumpan la prestación del servicio. “Por lo mismo, ante la suspensión del paro, el contenido de este proyecto del oficialismo no tenía razón de ser”, puntualizaron.