Así como lo explicitamos anteriormente, y atendiendo a las informaciones que circulan por diversos medios locales, provinciales y nacionales; el rol de nuestro municipio y el del Comité Operativo de Emergencia local ha sido contener, alojar, garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, y el trato humanitario hacia las personas en diversas situaciones que se encontraban en nuestra ciudad al momento de entrar en vigencia el DNU 297/20.

Asimismo, nos ponemos a disposición de la justicia a los efectos de aclarar cuál ha sido nuestra tarea en las instancias de mediar con todas las instituciones intervinientes, según el caso de cada situación particular.

Es por esto que llamamos a la responsabilidad periodística ante la crisis diplomática que esto supone, ya que circulan algunas verdades y muchas falacias. Entendemos que dentro de esta situación hay también intereses políticos, lo cual nos lleva a aclarar que este municipio, con una gestión reciente de cuatro meses; nueva y transformadora en las formas de entender y de hacer política; ha tenido, como es de público conocimiento, grandes diferencias con el gobierno provincial. Diferencias que son sido ideológicas, administrativas, políticas y de gestión respecto al tratamiento de proyectos que conciernen a nuestra población, y a nuestra incumbencia en esta zona fronteriza. Porque siempre hemos bregado en la región por una convivencia cultural sustentada en el respeto a las diversidades e identidades, sabiendo que es una construcción compleja y permanente.

Sin embargo, en esta situación grave de emergencia sanitaria no vamos a entrar en el juego periodístico de desmentir cada afirmación que se haga sin chequear; a los efectos de alimentar ciertos debates que ya están, en todo caso y según entendemos, en manos de la justicia. A través de diferentes presentaciones judiciales tanto desde organizaciones de la sociedad civil como desde el estado que se han hecho públicas.

En estas circunstancias, tenemos aún muchas acciones que articular, resolver y llevar adelante con todas las instituciones provinciales y nacionales que implican instancias superiores, y no es nuestra motivación, en esta situación, afirmar ni desmentir decisiones que nos exceden; perdiendo terreno en aquello que nos incumbe territorialmente en este momento.

No perdemos de vista que los hechos denunciados revisten de gravedad en la posibilidad de haberse violado derechos humanos, tratados internacionales, y las medidas sanitarias que tanto nos ocupan de un tiempo a esta parte a nivel mundial. Nos sujetamos, repetimos, a cualquier pedido seriamente convocado, de declaración en los ámbitos que se nos solicite a nivel judicial. Priorizamos en ese sentido, la ética y la mesura que las circunstancias nos demandan, por sobre decir o desdecir dichos vertidos sin sustento, ya que entendemos que dicha actitud nos pone por debajo de la responsabilidad política que estos tiempos ameritan.

Por último, y teniendo en cuenta que las personas que continúan en tránsito a sus países de origen o a las provincias donde esperaban radicarse para mejorar sus condiciones de vida, están sufriendo aún condiciones de vulnerabilidad y de incertidumbre; reiteramos nuestro deseo de que sus situaciones sean prontamente resueltas, en el marco del aislamiento social que nos toca vivir y nos condiciona a todos y todas.