Javier Milei siempre sostuvo que no está dispuesto a “negociar con la casta” y menos aún con proyectos que afectan el equilibrio fiscal. En los últimos días este principio se aplicó de manera estricta y La Libertad Avanza se distanció, como nunca, no sólo de las fuerzas opositoras, sino también de las afines.

En términos legislativos, el resultado fue negativo para el Gobierno ya que se aprobaron leyes que será difícil vetar y tuvieron media sanción proyectos que, en todos los casos, afectan el equilibrio fiscal, es decir la piedra angular de la estrategia oficial.

Como telón de fondo, cabe recordar que, en términos de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, históricamente el juego consistió en que los gobernadores a cambio de conceder al Poder Ejecutivo los votos necesarios pedían recursos para sus provincias.

El actual jefe de Estado, suele decir a su círculo íntimo de manera enfática, que no piensa entrar en este juego. En su opinión, La Libertad Avanza debe concretar las promesas que la llevaron a la presidencia y que los políticos deberán acompañarlos o someterse al castigo de la sociedad.

“Los legisladores deben votar de acuerdo a sus convicciones no para obtener algo a cambio”, así explican sus allegados el pensamiento de Milei. En la oposición, esto se lee como que la actual administración “no está dispuesta a negociar nada”.

Y, los gobernadores pudieron percibir que Milei no está dispuesto a ceder. Por esta razón es que, llamativamente, las 24 provincias se pusieron de acuerdo en dos proyectos, uno para tornar automáticas las transferencias por Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otro para coparticipar el impuesto a los combustibles.

Analistas políticos evalúan que, en su intransigencia, Milei logró agrupar a los gobernadores que han demostrado estar en condiciones de plantear exigencias a la administración central, como demuestra que hayan logrado media sanción para estos dos proyectos con más de dos tercios (56 votos afirmativos) en el Senado.

Tras la sanción de las iniciativas que afectan las cuentas del Tesoro, el Ejecutivo insiste en que las va a vetar y/o judicializar. Al mismo tiempo, elevó el tono en el debate público al acusar a la oposición de llevar adelante “un golpe institucional” y Milei llegó a calificar de “traidora” a Victoria Villarruel por haber presidido la cesión del Senado en la que se aprobaron estos proyectos (en el entorno de la vicepresidenta explican que, si no lo hacía ella, el timón lo iban a tomar las autoridades de la cámara que le siguen en la línea jerárquica).

Costo fiscal

Desde el Gobierno insisten en que el equilibrio fiscal no se negocia y calculan que las iniciativas de la oposición tienen un costo fiscal de 2,5 puntos del PBI (contra un superávit primario de 1,6% previsto para el año).

Otros cálculos plantean cifras menores. Por caso, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que las modificaciones en materia de discapacidad podrían llegar a costar en el peor de los casos 0,42% del PBI a lo que habría que agregar 0,66% por los ajustes en las jubilaciones.

El reparto del impuesto a los combustibles más los ATNs podrían significar 0,38%, según Analytica. La suma llega a 1,46% del PBI.

En tanto, para la consultora PxQ el costo fiscal de todos los proyectos es algo más, ya que según sus números alcanzaría 1,6% en 2026.

La incidencia para lo que resta de 2025 de la batería de medidas aprobada por el Senado asciende a 0,7% del PBI, de acuerdo con Ecolatina, en tanto que PxQ lo calcula en 0,8%.

Pero más allá del impacto fiscal, entre los operadores del mercado se estima que al menos hasta las elecciones, los tiempos políticos serán turbulentos, una razón más que los lleva a pensar que difícilmente baje el riesgo país a corto plazo.

Repliegue

Una pieza clave en la relación con los gobernadores es Santiago Caputo, pero en la Casa Rosada se comenta que el asesor estrella se replegó en los últimos días.

La relación con los mandatarios del interior es una de las muchas tareas a cargo de Caputo. También es el canal de diálogo para los legisladores, representantes políticos, empresarios y sindicales. Asimismo, los ministros solían pasar por su despacho cuando necesitaban una definición política. Ahora dicen en los pasillos oficiales que el asesor está poco presente.

La explicación que se da en fuentes libertarias por esta actitud de Caputo se vincula a “las diferencias” que tiene con Karina Milei. Afirman que el asesor no coincide con la estrategia que lleva adelante la hermana del presidente de formar listas de candidatos para las próximas elecciones con libertarios “puros”. Un conflicto de difícil resolución ya que nadie puede creer que exista la opción de escoger entre Karina y Santiago Caputo.

Algunos especulan que el repliegue de Santiago sería parte de una estrategia para mostrarle a Karina que su rol es indispensable como, en su momento, solía remarcar Milei.

En la opinión del asesor, comentan, La Libertad Avanza debería acordar con los gobernadores porque, por más que al oficialismo le vaya muy bien en los comicios, igual no tendrá mayorías en el Congreso.

Privatizaciones

Estos enfrentamientos internos podrían explicar en parte la preocupación en círculos empresarios respecto “al limitado avance que hasta el momento se ha logrado en materia de privatizaciones”.

En el tema intervienen distintos funcionarios, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, y el coordinador de Infraestructura del Palacio de Hacienda, Martín Maccarone. Sin embargo, se comenta que las iniciativas no avanzan porque no existe una autoridad superior que impulse los procesos.

No sería el único problema. Por caso, en medios de las empresas se plantean dudas sobre la forma en que el Gobierno piensa llevar adelante una cuestión crítica, como es el mejoramiento y construcción de rutas.

El Presidente públicamente se refirió al modelo para licitar más de 9.000 kilómetros de rutas. Según las palabras de Milei, se trata de “poner la ruta nueva y después la vas operando, vas a cobrar el peaje, y después cuando terminás, la transferís a lo largo de unos años, con lo cual, eso lo puede hacer el sector privado sin ningún problema”.

Sin embargo, para las empresas “no cierran los números” y agregan que la eliminación de Vialidad genera problemas para atender la logística. En este sentido, indican que el llamado a una licitación de 741 kilómetros de rutas nacionales enfrenta problemas por la falta de interesados. A pesar de que la convocatoria incluye tramos importantes en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, se debió extender hasta el 5 de agosto el plazo para la presentación de ofertas.

En medios privados se comenta que las autoridades están dando pocas definiciones que no permiten realizar con una mínima precisión la tasa de retorno de los proyectos -y menos en una economía inestable y carente de crédito como es la argentina-. Dicen que, ante la inquietud de los potenciales contratistas sobre la política tarifaria, la respuesta del Gobierno fue “primero hagan las obras y luego vemos el peaje”, una fórmula que se interpreta como imposible.

Pensando en 2027

Mientras el Poder Ejecutivo se distancia de los gobernadores, importantes sindicalistas están haciendo discretos acercamientos a los mandatarios del interior para ir armando una propuesta de centro de cara a las elecciones nacionales de 2027.

Algunos de los popes gremiales piensan que es necesaria una renovación que debería dejar de lado tanto a la provincia de Buenos Aires como a la Capital. Dicho de otra forma, excluir al macrismo y a otros dirigentes que se consideran del pasado, como son Cristina, Axel Kicillof y Sergio Massa.

Fuente: Infobae