Luego de la reunión el diputado Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Institucionales señaló que se emitieron despachos favorables para los proyectos sobre los que se venían trabajando: “la modificación de los códigos Procesal Civil, Laboral, Ley Procesal de Familia, Procesal Constitucional, y la Ley Orgánica del Poder Judicial”, además “hemos estudiado la Ley General de Mediación lo que es una vieja deuda que tiene la Legislatura con la provincia”, destacó además que todo esto será de gran utilidad a la hora de facilitar el funcionamiento de la justicia “descomprimir de causas nuevas,  y agilizar todas aquellas que están en trámite”, de forma que todas las personas que acuden a la justicia por algún conflicto no tengan que esperar tanto tiempo, ya que “eso es una deformación al sistema de justicia, por eso es que estamos procurando esa agilización, donde prime la oralidad y reduzcamos los plazos de todos los juicios”, dijo Tizón.

Por su parte la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación General destacó la presencia de especialistas y expertos “incorporamos sus aportes en los distintos proyectos, sobre todo en el Código Procesal Civil y en la ley Procesal de Familia”. Subrayó que esta reforma judicial que “inició en el 2016 y que a lo largo de los años se le realizaron modificaciones para agilizar los procesos”; añadió que estas  con modificaciones “sumadas a la Ley de Mediación Prejudicial de forma obligatoria vamos a ver cómo se van a ir disolviendo muchas de las causas que hoy son tramitadas dentro del Poder Judicial”. En este sentido subrayó que “la idea es que la mediación resuelva de alguna manera el conflicto que tiene las partes para no llegar a lo jurisdiccional, que sea un método alternativo y no una previa formal que se debe cumplir para ir a la justicia, que sea una herramienta de resolución de conflictos”. Al respecto, Burgos concluyó diciendo que el profesional que lleva a cabo la mediación “para asegurar los derechos de ambas partes, sea un abogado -con todas las capacitaciones exigidas-, y también la posibilidad de un co- mediador que no necesariamente sea abogado”, para poder llegar a una solución.