- 21 de febrero de 2020
La ofensiva kirchnerista por lograr la liberación de Milagro Sala aterrizó en el Senado con un proyecto del peronista jujeño Guillermo Snopek que pide la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por el plazo de un año.
La iniciativa habilita a la administración de Alberto
Fernández a designar un interventor federal "a fin de garantizar la forma
republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del
Estado argentino".
Además, declara "en comisión" a los miembros del
Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, lo que les quitaría a los magistrados
la estabilidad constitucional inherente a los cargos en los que fueron
designados por la Legislatura provincial.
De hecho, el proyecto faculta al interventor federal "a
suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y
empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de
Jujuy".
Si bien no nombra el caso de Milagro Sala, la mención de
eventuales reclamos internacionales contra el Estado nacional está en línea con
los reclamos realizados por connotados dirigentes kirchneristas, que impugnan la
legalidad de la detención de la dirigente social, que enfrenta varias causas
por hechos de corrupción y ya fue condenada en dos expedientes.
Uno de los primeros en reclamar la intervención del Poder
Judicial jujeño fue el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni. También se sumaron al
pedido otros referentes del kirchnerismo, como el periodista Horacio Verbitsky.
Todos consideran "arbitraria" la detención de Sala.
La iniciativa fue presentada el miércoles, por lo que
todavía no tiene giro a comisiones y el único firmante es Snopek, un dirigente
peronista que mantiene un histórico enfrentamiento con el gobernador de Jujuy,
el radical Gerardo Morales.
El senador ya había anunciado su intención de avanzar con la
intervención el año pasado, por considerar que había "connivencia absoluta
del Poder Judicial con el gobernador Morales y la Legislatura provincial".
En aquella oportunidad, Snopek había formulado su reclamo a raíz del
allanamiento ordenado a una legisladora de la oposición que había criticado al
mandatario provincial.
Según el proyecto, el interventor tendrá la misión de
"adoptar las medidas que considere necesarias a fin de que el Poder
Judicial de Jujuy garantice la plena observancia de los derechos y garantías
establecidos por la Constitución Nacional".
Fuente: La Nación
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