“Se trata de una nueva demostración de su responsabilidad para gobernar, en la que prioriza a los argentinos por sobre los intereses financieros internacionales”, sostuvo.

“La pandemia mundial del coronavirus obligó a nuestro Gobierno a reformular plazos y estrategias en el diseño de su programa económico, pero las  bases y el concepto se sostienen: primero cuidar a los argentinos, luego crecer económicamente y por último cumplir con nuestros compromisos”, dijo la legisladora en declaraciones radiales.

Según Moisés, “con esta medida nuestro espacio político ratifica su compromiso de hacerse cargo de los problemas, poniendo la  acción por encima de la explicación”, y añadió que “gestionamos sin que nos detengan los opinólogos que jamás se enfrentaron a una responsabilidad semejante, y que si lo hicieron, se estresaron y desbordaron tan sólo con una corrida cambiaria”.

En línea con la ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva,  la medida anunciada por el ministro de Economía Martín Guzmán procura asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.

“En el caso de la provincia de Jujuy, la irresponsabilidad de tomar deuda de manera constante e insostenible fue una práctica habitual de la gestión del gobernador Morales”, criticó la legisladora.

“El Gobierno nacional se encuentra comprometido en acabar con los ciclos de endeudamiento que destruyen oportunidades y generan profundos desequilibrios sociales, pero es necesario crear las condiciones mínimas para recomponer la situación económica, que se vio atravesada por la crisis sanitaria desatada por la pandemia”, analizó la diputada sampedreña.

A  través del decreto de necesidad y urgencia 346/2020, el Gobierno nacional dispuso diferir los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses, y emitidos bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020.