Luego de la victoria en las elecciones legislativas, y ante las exigencias de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de mayores consensos, el Gobierno busca establecer otro vínculo con los gobernadores y el primer test que tendrá será el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Si bien el oficialismo cambió el interlocutor con las provincias al establecer como ministro del Interior a Diego Santilli, muchas de las exigencias de los mandatarios provinciales sobre el proyecto presupuestario que se envió en septiembre a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados se mantienen y algunos puntos ya se fueron destrabando por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda quiere empezar a tener otro rol en las negociaciones políticas con las provincias. Prueba de ello es que el martes participó en Casa Rosada de una reunión para definir la hoja de ruta parlamentaria junto con Santilli, la secretaria General, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Vamos a evaluar nuestra estrategia legislativa”, explicó en la previa una de las partes involucradas a Infobae.

A pesar de que en el Ministerio de Economía continúan redactando las modificaciones, no hay grandes incentivos a ceder ante los pedidos de los gobernadores. O al menos no a todos: se escucharán más los reclamos de los jefes subnacionales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro, Neuquén que tienen legisladores propios en al menos uno de los dos recintos.

Según pudo saber este medio, en los primeros días de su arribo a la Casa Rosada, Santilli recibió un documento de un legislador que recolectaba todos los pedidos de los gobernadores en el proyecto de Presupuesto 2026, que se podrían resumir en siete puntos.

Los pedidos de los gobernadores

El principal cambio pasa por los avales del Gobierno Nacional para que las provincias puedan tomar préstamos internacionales. Además, destacan, no debería existir resistencia por parte de Caputo, ya que no tiene un costo para la administración central.

Sin embargo, la principal cuestión pasa por las cajas previsionales. En el proyecto, el Gobierno fijó que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) les transferiría $122.762.664.874. Pero el articulado tenía una letra chica: “Sólo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la ANSES, que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior“. Por lo que además de la exigencia de aumentar el monto total a transferir, las provincias reclamaban cambios sobre las condiciones de acceso.

Otra de las demandas está vinculada a los cambios que se planteaban en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El proyecto proponía eliminar la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, lo que excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años. Esta dinámica afectaba especialmente a los usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios.

Además de la reactivación de la obra pública, los gobernadores pusieron el foco en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto sobre el combustible liquidados. Sobre estas dos últimas cuestiones, los mandatarios lograron sancionar una ley en el Congreso que luego fue vetada por el presidente Javier Milei. Pero la distribución del impuesto puede ser un punto en la negociación frente a los cambios que quiere introducir el ministro de Economía en Ganancias, que consiste en aumentar las deducciones.

“Los gobernadores pedían que se distribuya el 1,9% de la recaudación nacional de impuestos que se queda la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”, comentó una fuente de la Cámara de Diputados. Ese porcentaje es el que utiliza el director ejecutivo del organismo recaudador, Juan Pazo, para financiar la estructura, que cuenta con superávit. Un balance positivo que no fue resultado de la “motosierra” en ARCA, sino que venía desde antes.

Los puntos que ya se destrabaron

A pesar de que en la Casa Rosada aseguran que las modificaciones, con los puntos que se cederían incluidos, están bajo la órbita del Ministerio de Economía, ya hay cuestiones en las que Caputo cedió. Una de ellas es incluir el arreglo al que llegaron frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respecto a la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La semana pasada existió una reunión entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular del Palacio de Hacienda para llegar a un acuerdo por la deuda de la Coparticipación que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue considerado “positivo”.

“El Gobierno porteño pide que la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026′, destacaron. Y agregaron: “Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal”.

Otro guiño de Caputo a las provincias se dio con la baja de retenciones al petróleo, acordada con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Como adelantó Infobae, el martes existió una reunión entre ambos en el quinto piso del Palacio de Hacienda, en donde se firmó un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

Fuente: Infobae