El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó investigar por evasión fiscal a las empresas involucradas en el soterramiento del tren Sarmiento. La AFIP había denunciado esa maniobra por los períodos 2011 y 2012 en el marco de la causa que investiga si Odebrecht y sus socias locales pagaron coimas para obtener esa licitación. Los acusan de evadir más de 4,5 millones de pesos. Sin embargo, en una decisión tomada el último día judicial del año y a la que accedió Infobae, el juez se declaró incompetente para analizar ese posible delito y ordenó que el tema pase al fuero penal económico, donde se analizan los hechos de evasión fiscal.

Martínez De Giorgi firmó esa resolución el 28 de diciembre pasado, el mismo día en que –tal como informó este medio- se citó a nuevas indagatorias al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y a empresarios, a raíz de una información surgida de la causa de los cuadernos de la corrupción. Ese mismo día, además, el juez avaló el pedido del fiscal Franco Picardi para nombrar un veedor judicial en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que lleva adelante las obras del soterramiento.

La mira de la AFIP está puesta en el Consorcio G&S, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) responsable actual de las obras del soterramiento y formada por la italiana Ghella y por la argentina SACDE (ex IECSA). Pero también apunta a las firmas que salieron de la obra tras el escándalo judicial del LavaJato: la española COMSA y la propiedad Odebrecht, ya que los períodos denunciados son en 2011 y 2012.

En los registros contables se habrían detectado cómo se giraron 4.495.250 dólares de un contrato relativo a "Oferta 2/2010" a una cuenta bancaria del  Principado de Andorra. La hipótesis de los investigadores es que desde una cuenta en ese principado se transfirieron las coimas que se habrían pagado a funcionarios argentinos.

Sin embargo, para el juez Martínez De Giorgi, la posible evasión por infringir la Ley de Ganancias habría constituido un hecho independiente a la causa por el pago de coimas, en donde ya se indagó a medio centenar de empresarios y ex funcionarios. Y por lo tanto debe analizarse por fuera de la causa principal, en los tribunales de la avenida Inmigrantes al 1900, donde residen la mayoría de los juzgados del fuero penal económico.

La denuncia de la AFIP

El 20 de diciembre pasado, la AFIP realizó una presentación ante el juzgado de Martínez de Giorgi. La presentación estuvo a cargo del jefe interino de la División Penal Tributaria de la Subdirección General de Operaciones impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Juan Emilio Candina, quien "puso en conocimiento la posible comisión del delito de evasión fiscal, en sus modalidades simple y agravada, de la ley 24769 por el Impuesto a las Salidas No Documentadas, en los periodos fiscales 2011 y 2012.

Ese punto está previsto en el artículo 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias que señala que cuando una erogación carezca de documentación  no se admitirá su deducción en el balance impositivo y, además, estará sujeta al pago de una tasa especial del 35%. Por eso, la AFIP lo hizo extensivo la sospecha a la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias.

Según a la documentación a la que accedió Infobae, el ente que dirige Leandro Cuccioli señaló que las irregularidades se detectaron en una auditoría judicial encargada sobre la UTE y las empresas que lo integraban entre 2006 y 2014. Y, tras analizar los aspectos formales que hacen a la "exteriorización impositiva", la fiscalización detectó Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAS) sobre un mismo contrato celebrado en diciembre de 2010 e identificado como: "Oferta 2/2010". La suma era por U$S 10.316.253.

Hubo transferencias entre setiembre de 2011 y diciembre de 2012, por un total de U$S 4.495.250. Aunque en los formularios indicaban que parte del dinero iba a Alemania, todo se giró a España: más precisamente desde la cuenta de la UTE en el Banco Santander Río a la banca privada de D'Andorra correspondiente a la firma "Detección de Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación SA".

"Si bien el contrato relativo a Oferta 2/2010 fue celebrado por U$S 10.316.253, esa cifra se redujo a U$S 2.558.250, en virtud de la emisión de la Nota de Crédito nro. 436//2012, alcanzando la facturación total de ambas ofertas la cifra de U$S 4.495.250, monto que se contradice con las transferencias bancarias constatadas", afirmó la documentación a la que accedió este medio.

La AFIP sostuvo que "no se puso apreciar que la contratación efectivamente hubiera tenido una concreta contraprestación para la UTE fiscalizada, no acompañándose por los responsables de la misma elementos que hubiera mínimamente evidenciado la existencia de un servicio a cargo de la firma" contratada. Encima, la empresa "Detección de Riesgos…" no aportó datos sobre el personal afectado, lo cual –para la AFIP- refuerza la idea de que hubo una "contratación simulada o ficticia con el objetivo de derivar fondos al exterior con fines espurios".

Con todo eso, la AFIP afirmó que al no poder individualizar al "verdadero beneficiado de las erogaciones efectuadas" debía denunciar a la UTE del Soterramiento. Según sus cálculos, el ajuste por el Impuesto a las Salidas No documentadas en 2011 implica 595.123,79 pesos; y por 2012, un total de 4.063.195,43 pesos.  A eso se le suma que lo que cada uno de los participantes de la UTE declaró por la participación en ese consorcio.

La respuesta del juez

En su resolución, Martínez De Giorgi estableció que la investigación que él lleva adelante "se enmarca en el probable pago de sobornos por parte del grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios públicos, integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno" de la línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA, Constructora Norberto Odebrecht, Ghella Societa Per Azzioni y COMSA SA.

Y por ello esa investigación por coimas y la denuncia del a AFIP sobre la omisión por parte de las empresas integrantes de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento por salidas de dinero no documentadas "son disímiles y escindibles", y deben transitar por carriles distintos.

En  la resolución, el juez aclaró que si bien se detectaron giros al exterior por parte de las empresas en cuestión a una cuenta de la Banca Privada D'Andorra, "que podrían enmarcarse dentro de una compleja estructura montada y utilizada por aquellas para el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos, lo cierto es que el delito de evasión fiscal denunciado –en el que habrían incurrido las firmas que conforman el consorcio ganador para la obra del Ferrocarril Sarmiento- se presenta como un suceso distintos, tomado en consideración su propósito, como así también su momento comisión, esto es en ocasión de que se efectuaran la deducción de gastos referidos a una contraprestación inexistente".

Según indicaron fuentes judiciales, en febrero, al reanudarse la actividad judicial, la AFIP podría intentar apelar esta medida ante la Cámara Federal para que esta nueva denuncia se analice dentro de la causa conocida como "Odebrecht-Soterramiento".

Fuente Infobae