El Senado convirtió en ley la reasignación de partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oposición ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular. También dio media sanción a la modificación de la movilidad jubilatoria y la giró a la Cámara baja.

El recorte de recursos a la Ciudad fue aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados.

La senadora del Frente de Todos, María de los Angeles Sacnun, advirtió que la oposición plantea “permanentemente una judicialización de las leyes” y consideró que hay quienes pretenden “socavar” al sistema republicano en lo que parece, dijo, “una democracia de los jueces”.

En su discurso, dijo que se está yendo a una “democracia de los jueces” en la que “no importan las atribuciones de los poderes, total siempre hay un juez amigo que tira por el piso las definiciones que tiene que tomar uno de los poderes del Estado”.

Para su par de bancada, Mariano Recalde, no se trata de “quita ni de coparticipación” sino que lo que se busca “es corregir y enmendar” una “inequidad” y “algo que se hizo mal” y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de ser “cínico” por querer “echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales”.

“Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños, al contrario se redujo el gasto en educación, tenemos el presupuesto en educación más bajo y se redujo al presupuesto en salud y en políticas sociales”, precisó.

Oscar Parrilli consideró que Macri “hizo un uso autoritario del poder” al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas “se llevaron fondos demás” y se beneficiaron “con privilegios” que “ofenden a los argentinos”.

Como miembro informante de la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno central y calificó como “peligroso” que se cuestione “la autonomía” de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires.

Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones “hicieron especulaciones políticas electorales” y advirtió que “han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica”.

En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau, consideró que el presidente Alberto Fernández “modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para dárselos a otro”, tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios.

Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más “relegadas” en cuanto a redistribución de fondos, pero señaló que fueron mandatarios “del peronismo los responsables” de esa inequidad, y afirmó que lo que “buscan es complicarle la vida” a un eventual “competidor político” como Rodríguez Larreta.

El senador de PRO, Esteban Bullrich, retrucó los dichos de Sacnun y consideró que lo que se judicializa “es el abuso de la mayoría” y ratificó que irán “a la Justicia” porque creen “en la independencia de poderes”.

Su par Gladys González recriminó al oficialismo “su forma de ejercer el poder” mediante “el miedo y la extorsión” y se quejó por “la falta de diálogo” y la acentuación de “la grieta” que, afirmó, promueve el Frente de Todos.

Los puntos principales de la Ley

La iniciativa llegó al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.

Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se realizará entre las autoridades nacionales y las porteñas.

Esa modificación incorpora a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la discusión y determina que “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días”.

El texto aprobado inicialmente por el Senado en el primer tratamiento que hizo sobre el tema establecía una suma fija de $24.500 millones actualizado trimestralmente, pero ahora se determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad.

Debaten el proyecto que modifica el índice de aumentos para jubilados

Minutos después de las 17, la Cámara alta empezó a debatir el proyecto que modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria, y establece cuatro aumentos trimestrales para el sector pasivo, con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales.

El proyecto obtuvo media sanción con 41 votos a favor y 26 en contra y lo giró a la Cámara de Diputados.

La directora de la Anses, Fernanda Raverta, estuvo presente en uno de los palcos para presenciar la votación y al término de la sesión afirmó que la nueva fórmula “logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida”.

En la actualización de las remuneraciones se aplicará un índice combinado entre un 50% a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales del Ministerio de Trabajo y un cincuenta por ciento de la recaudación tributaria del organismo liderado por Raverta.

El proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria fue dictaminado la semana pasada, durante una reunión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda a la que asistieron el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la titular de la Anses.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y, a sugerencia del Frente de Todos, se le hicieron algunos cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.

La decisión se tomó para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo, tal como estaba previsto originalmente.

De tal modo, ese aumento no será a cuenta del de marzo próximo sino que se sumará al nuevo incremento.

El proyecto de ley modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado sobre la base del trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La bancada del Frente de Todos defendió el proyecto y afirmó que la fórmula que se aplicará “ya demostró que funciona bien” al tiempo que cuestionó a la gestión anterior por el “déficit” generado en el sistema previsional, mientras que Juntos por el Cambio calificó el proyecto como un “ajuste sobre los jubilados”.

Desde la oposición, Luis Naidenoff, de Juntos por el Cambio, sostuvo que el oficialismo “no tienen cómo disimular que el ajuste pasó totalmente por los jubilados” y agregó que el Estado tuvo un “ahorro de $89.700 millones suspendiendo la movilidad” anterior.

Fuente: TN