- 12 de septiembre de 2025
En el marco de las políticas de seguridad y transparencia, se concretó en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy la primera entrega de armas de fuego y municiones en condición de decomiso, con destino a su destrucción definitiva.
La medida se llevó a cabo en cumplimiento de la Acordada Nº
5/2021, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia dispuso la eliminación de
armas y municiones, librando oficio a la Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMaC) para el retiro y procedimiento de destrucción.
En esta primera entrega, se dispuso la remisión de 436 armas
de fuego, que serán trasladadas a los depósitos oficiales de la Registro
Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción conforme a los protocolos
vigentes.
Durante el acto, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Dr. Ekel Meyer expresó: “Estas son armas que se sacan de la
delincuencia y se destruyen en un trabajo articulado entre el Poder Judicial y
los organismos nacionales. Quiero agradecer el trabajo de todo el Centro
Judicial San Pedro, al encargado de depósito Jorge Samman y a todo el personal por este cuidadoso trabajo que permite
retirar de circulación estas 436 armas”.
El procedimiento tuvo origen en un informe elaborado por la
Dra. Liliana Pellegrini, jueza habilitada en el Juzgado de Causas Ley Nº 3584,
en el que se detalló la existencia de armas incautadas conforme a la normativa
vigente, y cuya remisión fue ordenada a los organismos competentes.
Participaron de la entrega el Dr. Ekel Meyer, acompañado por
el juez de la Suprema Corte, Dr. Martín Llamas; los jueces del fuero penal del
Centro Judicial San Pedro Dres. Liliana Pellegrini, Juan Cabezas Hametti,
Leonardo Zazzali, Pamela de la Cruces, Marcelo Ibáñez y Sergio González; y el
Jefe de la Policía de la Provincia Crio Gral. Milton Sánchez.
Asimismo, estuvo presente Sergio Sarlo, Coordinador Nacional
del Banco de Armas y Municiones del país (BANMAC – RENAR), quien supervisó el
operativo de recepción y traslado del material incautado, garantizando su
derivación a los depósitos oficiales.
De esta manera, la Suprema Corte de Justicia reafirma su
compromiso con la legalidad, la seguridad pública y la responsabilidad institucional
en el tratamiento de los bienes incautados en el marco de los procesos
judiciales.
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