De cara al inicio del tratamiento del proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia, previsto en el Senado para este martes 10 de marzo, Sebastián Albesa, abogado querellante del Estado provincial en la causa “Pibes Villeros”, advirtió que se instaló una “preocupación muy grande en la sociedad jujeña”, por cuanto la iniciativa “esconde como fin último la caída de todas las causas por corrupción y que involucran no sólo a Milagro Sala, sino también a altos ex funcionarios de la anterior gestión de gobierno”.

“La preocupación es creciente ante la posibilidad de que Sala sea liberada, lo que representaría volver a aquellos tiempos de cortes de calles, puentes y rutas todos los días”, indicó y puntualizó que “el jujeño habla mucho de este tema, porque tiene miedo de volver a la época de violencia que se vivió en la provincia”.

En otro orden, Albesa hizo un repaso de la causa “Pibes Villeros”, recordando que “investigó una asociación ilícita de la cual Sala fue indicada como líder” y amplió: “El objeto era defraudar al Estado, a través de cooperativas de trabajo nucleadas en la Red de Organizaciones Sociales que encabezaba la Tupac Amaru”.

“Las cooperativas -prosiguió- firmaban convenios con organismos provinciales y municipales para la ejecución de obras. En este contexto, se investigó puntualmente convenios por dormitorios y núcleos húmedos en el sector de las 150 Hectáreas y 1000 mejoramientos habitacionales en 5 municipios. Se pudo constatar que se entregó el dinero por un monto que a la fecha supera los 70 millones de pesos, pero las obras nunca se hicieron”.

También señaló que se investigó la metodología empleada para consumar el fraude, por la cual “las autoridades del anterior gobierno dejaron de realizar los trámites de obras ante la Nación, delegando todas las actuaciones a la Red de Organizaciones Sociales que, mediante la extorsión, obligaba a la gente a cobrar cheques emitidos por organismos públicos por pago de ejecución de obras y a las cooperativas a emitir facturas”.

Asimismo, recordó el resonante episodio registrado el 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de gobierno nacional y provincial, en el cual se hizo el retiro de 29 millones de pesos por obras que nunca se iniciaron.

Al detallar el proceso judicial en el que se probó la culpabilidad de Milagro Sala, Albesa apuntó que “el juicio oral y público comenzó el 31 de julio de 2018, con aproximadamente 30 imputados, más de 20 abogados defensores, cerca de 65 audiencias con más de 100 testigos y elementos de prueba secuestrados como el celular de un imputado en el que se encontró una foto de una nota del IVUJ a la Subsecretaría de Desarrollo de la Nación de fecha 2014 para concretar el plan de mejoramiento habitacional” y agregó que “si el organismo provincia está gestionando las obras, por qué esta persona tenía este documento que implicaba una negociación entre Provincia y Nación, siendo que esta persona no trabajaba para Nación”.

“De la misma manera -continuó- una de las imputadas declaró en carácter de arrepentida y trajo el papel enviado desde la Subsecretaría de Vivienda de la Nación al IVUJ confirmando la recepción de la documentación, es decir que todos los trámites lo hacía esta asociación ilícita”.

El 14 de enero de 2019 el Tribunal Oral dictó sentencia condenatoria en contra de Milagro Sala a 13 años de prisión, por encontrarla autora responsable del delito de extorsión, fraude a la Administración Pública y asociación ilícita en calidad de jefe. Ese fallo fue apelado ante la Cámara de Casación Penal Provincial que, el 11 de octubre de 2019, ratificó la condena resuelta por el Tribunal Oral. A su vez, esa sentencia fue recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que, el 10 de enero de 2020, dictó sentencia confirmando lo actuado por el Tribunal Oral y por la Cámara de Casación Penal.

“Los jujeños entendieron que el proyecto de intervención impulsado por Guillermo Snopek busca garantizar impunidad para estos delitos”, resaltó.

Recordó además, que se tramita la denominada “megacausa” que investiga el pago de 6 mil viviendas a estas organizaciones sociales, de las cuales solamente construyeron 3500. “En algunos casos se llegó a pagar sobreprecios y actas firmadas como si las viviendas existieran, en un desfalco que al día de hoy supera los 2.500 millones de pesos”, remarcó y manifestó que “en esta causa está comprometido el ex gobernador Eduardo Fellner, el ex ministro Luis Cosentini, Milagro Sala y más de 15 intendentes imputados”.

“Por lo tanto, el proyecto de intervención presentado por Snopek apunta a evitar que esa causa llegue a juicio y así evitar el escándalo que sería demostrar la connivencia del poder político con esta organización social”, insistió y recalcó que el proyecto “carece de todo fundamento jurídico, lógico e histórico, por lo que debería ser rechazado por los senadores”.