- 10 de septiembre de 2019

El diputado provincial Luis Cabana (PJ) dijo que el seguro de sepelio que el gobierno pretende implementar a través del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores
El diputado provincial Luis Cabana (PJ) dijo que el seguro
de sepelio que el gobierno pretende implementar a través del Instituto de
Seguros de Jujuy (ISJ), vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores y
viola flagrantemente los artículos 17 y 42 de la Constitución Nacional que
hacen referencia a la libertad de elección.
La polémica medida del organismo provincial fue catalogada
como arbitraria por el legislador, quien además sugirió que “esto habilita a
los dirigentes sindicales y a los legisladores de la oposición a pensar que el
instrumento del ISJ persigue un fin recaudatorio para destinar los fondos que
se recauden por ese concepto a otros fines distintos a los que se expresan en
el planteo realizado por su directorio en la resolución”.
Cabana y otros diputados justicialistas pidieron que las
autoridades de la obra social concurran a la Comisión de Salud de la
Legislatura a los fines de aclarar la situación y brindar información detallada
sobre este seguro que se les impone de manera obligatoria a todos los empleados
de la Administración Pública.
El legislador, de extracción gremial y de larga trayectoria
en la vida sindical, explicó que el fin principal del ISJ es brindar la
cobertura de salud a todos los trabajadores estatales, algo establecido en la
Ley de creación del organismo en el año 1987, “donde el contexto era distinto a
la realidad actual”, aclaró.
Mencionó que si bien, como hecho complementario, la obra
social implementó hace algunos años el seguro de vida colectivo, no pasa lo
mismo con el seguro de sepelio y este es el problema. “Ese beneficio, que se
tendría que haber implementado en forma inmediata como una retribución social
del trabajador, nunca se implementó, obligando a cada titular del ISJ a cubrir
ese vacío por otras vías, es decir a través de convenios privados o contratando
el servicio mediante organizaciones no gubernamentales o sindicatos”, apuntó.
“Los sindicatos, ante la ausencia del Estado, se vieron en
la urgencia de brindarle este servicio a sus afiliados. En el caso de UPCN,
donde tenemos 10 mil afiliados, el beneficio que se le brinda es totalmente
gratuito y de mayor calidad a lo que se está planteando desde el gobierno. Por
ello, esta resolución interna del ISJ, dictada en nombre del cumplimiento de la
Ley de creación del organismo, nos parece fuera de lugar”, completó.
Más adelante, remarcó
que “no se puede ir en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores
que ya tienen su seguro de sepelio y en condiciones más ventajosas”.
En esta línea argumental, indicó que “si esto no da marcha
atrás habilita a pensar a los dirigentes sindicales y a los legisladores que
este instrumento del ISJ persigue un fin recaudatorio para destinar los fondos
a otros fines”.
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